IMSS/INFONAVIT nos quiere cobrar por socios-trabajadores

¿Tienes razón?

Que el imss o el infonavit reclamen no significa que la cooperativa esté obligada sin discusión; lo que cuenta es la realidad fáctica. Para valorar si la cooperativa tiene base para defenderse hay que analizar cuatro elementos.

Primero, la condición de socio frente a trabajador. En las cooperativas de trabajo asociado la ley permite que los socios presten servicios como parte de su objeto social, y reciban una distribución de excedentes. Sin embargo, una relación que se parece a empleo —horarios impuestos, subordinación, salario fijo con retenciones y ausencia de participación en la gestión— puede llevar a que la autoridad califique la relación como laboral.

Segundo, la documentación interna. Actas de asamblea que muestren la admisión del socio, el régimen de aportaciones, las reglas de reparto de excedentes y los acuerdos sobre la duración y forma de prestación son cruciales. Si existe evidencia de participación en decisiones y riesgos compartidos, ello pesa a favor de la cooperativa.

Tercero, la práctica de pago. Si los pagos a socios se presentan como nómina con recibos que incluyen retenciones de impuestos y prestaciones típicas de relación de trabajo, la autoridad tendrá elementos para reclamar. Por el contrario, la entrega de excedentes documentada en asamblea y retenciones fiscales distintas pueden reforzar que no hay relación laboral.

Cuarto, la organización del trabajo. La existencia de subordinación técnica o disciplinaria, la imposición de horarios estrictos o la prohibición de prestar servicios a terceros son indicios de relación laboral. En la práctica, los casos se deciden por un conjunto de pruebas, no por una sola circunstancia.

Conocer estas cuatro líneas le permite entender si la reclamación tiene fundamento y qué prueba hay que preparar.

Cómo se soluciona

1) Reúna toda la documentación societaria. Copias de actas de asamblea donde se aceptó a los socios, reglamento interno, contrato social o estatutos que definan el objeto social y el régimen de distribución de excedentes y las decisiones sobre remuneraciones. Identifique asambleas donde se aprobaron pagos y cómo se registraron.

2) Recoja la evidencia de la práctica: registros de asambleas donde se aprobaron repartos, comprobantes de reparto firmados por beneficiarios, actas donde conste la participación en riesgos y decisiones, y documentos que muestren que los socios participan en la gestión. Si existieron contratos civiles entre la cooperativa y el socio, incluya copias.

3) Examine la forma de pago. Evite presentar pagos a socios como nóminas si se quiere defender que son distribuciones. Si la situación ya fue manejada como nómina, documente por qué se hizo así y si hubo obligación fiscal o administrativa que lo motivó.

4) Compare la práctica con los elementos de subordinación. Reúna correos, listados de asistencia, órdenes de trabajo y protocolos que prueben la autonomía o la subordinación. La prueba combinada es lo que convencerá a la autoridad o a un juzgador.

5) Negociación y regularización. Si la autoridad sostiene que hubo relación laboral, puede proponerse un acuerdo de regularización donde la cooperativa pague cuotas y actualizaciones, o bien impugnar el acto en vía administrativa y, cuando proceda, judicial. Valore los costos de regularizar frente al riesgo y el posible pasivo.

6) Prevención. Ajuste estatutos y prácticas para reflejar claramente la naturaleza cooperativa del trabajo: defina aportaciones, reglas de reparto, participación en asambleas y órganos de gobierno, y documente las decisiones sobre remuneraciones.

Qué puede hacer la cooperativa sola: reunir actas y comprobantes, documentar la organización y presentar descargos. Cuándo necesita abogado: si la autoridad inicia procedimiento de fiscalización, si se propone embargo, o si la diferencia económica reclamada es significativa.

Qué puede pasar

Primera posibilidad: la autoridad acepta la defensa y la reclamación se archiva. Si la cooperativa demuestra la condición de socio y la ausencia de elementos de subordinación, la fiscalización puede cerrarse sin cargo.

Segunda posibilidad: se llega a un acuerdo. Es común que la autoridad proponga un convenio de pago o regularización parcial. A veces aceptar un arreglo razonable evita mayores sanciones y el desgaste de un litigio prolongado.

Tercera posibilidad: la autoridad determina existencia de relaciones laborales y exige cuotas. Si la cooperativa impugna y pierde, la consecuencia es el pago de las cotizaciones reclamadas y posibles recargos. Además existe el riesgo de responsabilidad solidaria para administradores si se demuestra dolo. Ganar no siempre significa recuperar liquidez: ejecutar una sentencia contra una cooperativa insuficientemente capitalizada puede ser difícil.

La pregunta crítica: si gana, ¿cobra? Una resolución favorable implica que la autoridad deje sin efecto el requerimiento y, eventualmente, recupere cuotas mal exigidas. Pero la eficacia práctica depende de la liquidez de la contraparte y de las medidas de ejecución administrativas.

Errores que arruinan el caso

• No conservar actas y registros de asambleas donde se aprobó la participación en ganancias y la admisión de socios.
• Presentar los pagos a socios como nómina sin justificar por qué se hizo así.
• No documentar la participación de los socios en la gestión y en la toma de decisiones.
• Ignorar comunicaciones del imss o infonavit y no presentar descargo por escrito; la ausencia de respuesta empeora la posición.
• Cambiar la práctica justo cuando inicia la fiscalización, lo que puede interpretarse como intento de ocultamiento.