La entidad puede solicitar el cobro de la póliza de cumplimiento si considera que incumplió obligaciones contractuales. Lo que importa es si la entidad actuó conforme al contrato y a la normativa de contratación, si la notificación para subsanar existió y si la cláusula de ejecución se aplicó correctamente. Primer paso: obtenga la solicitud de ejecución, la póliza y la notificación que le pide subsanar o justificar el incumplimiento.
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La cuestión central es contractual y probatoria. Verifique tres aspectos: el texto de la póliza y su alcance, el procedimiento contractual para declarar el incumplimiento y las constancias que la entidad exhibe como prueba del incumplimiento. Póliza: lea las condiciones que regulan la ejecución, los supuestos que la permiten y las formalidades para proceder contra el garante. Procedimiento: los contratos públicos suelen exigir etapas previas —requerimientos, plazos para subsanar, actas de incumplimiento—; si la entidad no respetó esos pasos, la ejecución puede ser impugnable. Prueba: la entidad debe demostrar que usted incumplió la obligación garantizada. Si la certificación se basa en apreciaciones vagas o en pruebas insuficientes, tiene espacio para defenderse.
También examine si la entidad declaró la resolución del contrato o si únicamente busca ejecutar la póliza para cubrir una presunta falta. La ejecución de la póliza y la resolución contractual son actos distintos: puede ejecutarse la garantía mientras se litiga la validez de la resolución, pero la normativa y las cláusulas del contrato determinan cómo se administran esas medidas.
Qué puede hacer solo: revisar la póliza, pedir información al banco o asegurador y contestar la ejecución con pruebas. Cuándo contratar abogado: cuando la entidad ya ejecutó la póliza, cuando la cuantía reclamad a es alta o cuando hay riesgo de que la ejecución cause quiebra o imposibilite continuar con otros contratos. Un abogado le ayudará a pedir suspensión judicial y a plantear la defensa técnica.
Y si gana, ¿cobras? Si un juez determina que la ejecución fue indebida, puede ordenar la restitución de lo cobrado y, en su caso, daños y perjuicios. La efectividad depende de la ejecución de la sentencia y de los recursos que interponga la entidad.
Puede recopilar documentos y responder la solicitud de ejecución usted mismo en las fases iniciales. Necesita abogado cuando la entidad ejecutó la póliza, cuando la cuantía es significativa o cuando hay riesgo de que la ejecución afecte la viabilidad de su empresa. Un abogado le ayudará a preparar la contestación, solicitar medidas cautelares y llevar el procedimiento contencioso administrativo o civil. Si tiene derecho a justicia gratuita o subsidios para defensa técnica, solicítelos: la asesoría especializada suele compensar el coste en contratos de alto valor.
Otros problemas frecuentes en derecho administrativo
La póliza se integra al expediente del contrato y la entidad debe seguir las formalidades del contrato y la normativa aplicable. Si no hubo notificación adecuada, eso puede ser base para impugnar la ejecución; pida copia de la solicitud presentada al garante y del expediente.
Si la entidad cobra la póliza y lo hizo sin fundamento, usted puede impugnar el cobro contra la entidad y, en su caso, reclamar responsabilidades frente al garante si éste actuó sin cumplir condiciones contractuales. La relación entre asegurador, garante y contratista se examina según el contrato y la normativa aplicable.
Ofrecer garantías alternativas puede ser aceptable si la entidad lo admite y la póliza o el contrato lo permiten. Proponga la alternativa por escrito y solicite que se acepte como sustitución de la ejecución; deje constancia de la oferta.
Si el contrato remite a arbitraje, la disputa sobre la ejecución de la póliza puede requerir elevarse a ese foro. Revise la cláusula arbitral y consulte con abogado especializado en arbitraje y contratación pública.
No necesariamente. La entidad puede ejecutar la póliza para cubrir daños o incumplimientos y, separadamente, decidir la resolución del contrato. Cada decisión tiene efectos distintos y debe analizarse según el texto contractual y la normativa de contratación pública.
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