Mi empresa ha sido sancionada por fallos en prevención del blanqueo

¿Tienes razón?

Una sanción en materia de prevención de blanqueo se basa en la ausencia, insuficiencia o incumplimiento de controles internos, procedimientos de debida diligencia y reportes de operaciones inusuales. Para valorar si tienes argumentos sólidos contra la sanción, considera:

• Qué requisito se consideró incumplido: políticas internas, manuales, identificación de clientes, retención de documentación o reporte de operaciones sospechosas. La especificidad de la falta es clave.
• Si existió un programa de cumplimiento documentado y su fecha de implementación: demostrar esfuerzos previos y mejora continua atenúa la responsabilidad, frente a pruebas de omisión total.
• La diligencia en la supervisión: si hubo auditorías internas, capacitación y control de riesgos, eso mitiga sanciones severas.
• Si la conducta fue sistemática o un fallo aislado: sanciones administrativas suelen graduarse según la recurrencia y la gravedad.

Mostrar que la empresa adoptó medidas de prevención, que documentó decisiones y que tiene evidencia de identificación y análisis de clientes mejora mucho la defensa administrativa.

Cómo se soluciona

1. Revisa la notificación y el informe de inspección: identifica las observaciones puntuales y recopila los documentos que acrediten las prácticas de cumplimiento que sí existían en la empresa.
2. Reúne evidencia interna: manuales de prevención, actas de comité de cumplimiento, listas de control, constancias de capacitación, controles KYC, registros de clientes, reportes internos y evidencias de debida diligencia. Ordena la información por cliente o por proceso para facilitar la revisión.
3. Presenta los recursos administrativos correspondientes ante la autoridad que impuso la sanción, acompañando la prueba que demuestre correcciones y medidas de mitigación. En la práctica, es útil presentar un plan de acción correctivo que muestre medidas concretas adoptadas.
4. Si corresponde, busca la negociación administrativa para reducir la carga sancionadora mediante medidas reparadoras: implementación de controles adicionales, contratación de auditores externos o sometimiento a programas de cumplimiento supervisados.
5. Mejora e implementa controles: actualiza políticas, capacita al personal, define responsables, establece listas de verificación de origen de fondos y refuerza la función de cumplimiento con recursos o consultoría externa.
6. Evalúa el impacto comercial y notifica a socios clave o al consejo; la transparencia y la pronta corrección son factores que reducen riesgo reputacional.

Qué puedes hacer sin abogado: reunir documentación de cumplimiento y ejecutar las correcciones prácticas. Qué hace un abogado: gestionar el recurso administrativo, negociar con la autoridad y, si procede, preparar defensa judicial o amparo.

Qué puede pasar

1. Anulación o reducción de la sanción: con prueba documental y medidas correctivas, la autoridad puede revertir o moderar la sanción administrativa.
2. Acuerdo y plan de remediación: la empresa puede acordar un programa de cumplimiento supervisado que remplace sanciones más gravosas y permita continuar operando bajo condiciones controladas.
3. Multa y medidas accesorias: si la autoridad mantiene la sanción, la empresa enfrentará una multa administrativa y la obligación de corregir las fallas; en casos graves, puede haber restricciones operativas o reportes públicos que afecten la reputación.

Y si ganas, ¿cobras? En la vía administrativa no hay 'cobro' como tal; revertir la sanción implica quitar la penalidad. Si pagaste indebidamente, podrías gestionar la devolución conforme a los procedimientos administrativos.

Errores que arruinan el caso

• Ocultar documentación o no presentar evidencia de controles existentes; la falta de transparencia empeora la posición.
• No implementar las correcciones señaladas por la autoridad mientras tramitas recursos; la inacción obliga a medidas más severas.
• Ignorar la comunicación con clientes y socios, lo que agrava el daño reputacional y comercial.
• No capacitar al personal clave para atender requerimientos y auditorías; la ausencia de testigos internos competentes debilita la defensa.
• Usar soluciones improvisadas que no queden documentadas documentalmente.