Necesito hacer valer una sentencia mexicana en un país de la UE

¿Tienes razón?

Ejecutar en la Unión Europea una sentencia mexicana es factible pero no mecánico. Lo que determina la posibilidad de ejecutar son tres cuestiones principales: la materia de la sentencia (civil, mercantil, familiar, laboral), si la resolución es firme según el derecho mexicano, y los requisitos formales del Estado miembro donde desea ejecutarla. Además, hay que comprobar si existe un tratado internacional aplicable entre México y ese Estado o si rige la normativa de la UE sobre reconocimiento y ejecución (que suele aplicarse entre Estados miembros, pero no necesariamente frente a terceros países).

En general, los tribunales europeos exigen la sentencia original, pruebas de notificación al demandado, y documentos que acrediten que la resolución es ejecutable en México. También suelen pedir traducciones juradas al idioma oficial del país receptor y, en algunos casos, certificaciones consulares o apostillas. El juez local valorará si la demanda contraviene el orden público local, si hubo falta de competencia jurisdiccional o si la resolución es incompatible con una resolución anterior en el Estado receptor.

Cómo se soluciona

1. Consiga la sentencia firme y los documentos complementarios. Reúna la copia ejecutoriada de la sentencia mexicana, constancias de notificación a las partes y certificaciones sobre la firmeza o ejecución en México.

1. Traduzca los documentos. Encargue traducciones oficiales o juradas al idioma del país europeo donde pretende ejecutar. No entregue traducciones informales; los tribunales piden traducciones acreditadas.

1. Apostille o certificación. Verifique si el país receptor exige apostilla o algún tipo de legalización adicional para documentos públicos emitidos en México y obtenga la diligencia correspondiente.

1. Consulte la vía aplicable en el país receptor. Algunos Estados tienen procedimientos especiales para reconocimiento de sentencias extranjeras; en otros la ejecución se tramita como demanda de reconocimiento seguida de ejecución. Determine si existe tratado entre México y el Estado receptor que acelere el proceso.

1. Presente la solicitud ante el tribunal competente en el país de la UE. Normalmente se inicia un procedimiento de reconocimiento y ejecución; el tribunal revisará requisito formales y causas de inadmisibilidad.

1. Prepare pruebas sobre la solvencia y localización de bienes del deudor. Si la sentencia es reconocida, la ejecución práctica depende de localizar activos embargables en ese país.

Usted puede recolectar la documentación inicial y encargar las traducciones; necesitará un abogado local para presentar la solicitud y llevar el procedimiento en el país europeo. Un abogado mexicano puede coordinar la obtención de documentos y su apostilla.

Qué puede pasar

1) Reconocimiento y ejecución efectivos: si el tribunal reconoce la sentencia y el deudor tiene bienes localizables, podrá proceder el embargo y la ejecución patrimonial. Esto es lo que se busca, pero depende de la existencia de activos y de las formalidades cumplidas.

2) Acuerdo antes o durante el trámite: en muchos casos la amenaza de ejecución lleva a acuerdos de pago o a negociaciones que permiten cobrar más rápido que el proceso judicial. Aun así conviene formalizar el convenio por escrito ante autoridad competente.

3) Denegación de reconocimiento o ejecución: el tribunal puede denegar la ejecución si aprecia falta de jurisdicción, transgresión del orden público local, o incompatibilidad con una resolución previa. En tal caso, su remedio puede ser impugnar la negativa mediante los recursos previstos en el país receptor, pero esa vía consume tiempo y recursos.

Sobre cobrar tras ganar: aún con sentencia reconocida, cobrar depende de encontrar activos del deudor en la UE y de la solvencia real. Una sentencia es un título ejecutivo, pero no convierte activos inexistentes en recursos líquidos.

Errores que arruinan el caso

• Intentar ejecutar sin la documentación completa y apostillada: los tribunales la devolverán o la negarán por defectos formales.
• No traducir oficialmente la sentencia y documentos relevantes.
• No comprobar la localización de bienes antes de iniciar el trámite: iniciar un proceso sin probabilidades reales de cobro puede ser costoso.
• No coordinar abogado local: la presentación y la práctica de embargo requieren conocimiento del procedimiento nacional del Estado miembro.