Si le han notificado una ejecución por impago en un crédito donde figura un avalista, puede enfrentarse a embargos o descuentos. Lo que marca el desarrollo es el tipo de contrato, la existencia de un aval solidario o subsidiario y la prueba de notificación. Primer paso: obtenga copia de la demanda o del acuerdo ejecutivo y reúna los contratos y estados de cuenta para preparar su defensa o negociaciones.
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La viabilidad de su defensa depende de varios elementos: si el título en que se basa la ejecución es ejecutivo (por ejemplo, un pagaré, una escritura de crédito o un contrato con cláusula ejecutiva), si el avalista firmó como solidario o subsidiario, y si hubo notificaciones válidas. Si el documento que el acreedor presenta permite ejecución directa, la fase inicial será un procedimiento ejecutivo que puede llevar a embargos. En cambio, si el título no es ejecutivo y se inicia un juicio ordinario, la ejecución es posterior a la sentencia.
También importa si existen vicios en el consentimiento del aval o en la firma, si el adeudo está reclamado en demasía o si hay pagos pendientes que no se han contabilizado correctamente. Por último, si el acreedor no probó la obligación debidamente o no cumplió con los requisitos de notificación, la ejecución puede ser impugnada.
Reúna contrato, pagarés, estados de cuenta, comunicaciones y cualquier recibo de pago. Sin pruebas, su defensa será más débil.
1) Obtenga copia íntegra de la demanda y del título ejecutivo. Verifique los fundamentos y las pruebas que el acreedor aporta. Si le notificaron personalmente, conserve el acta de notificación.
2) Reúna toda la documentación de su defensa: contratos, pagos, pruebas de que la obligación fue satisfecha parcial o totalmente, o de que el aval no corresponde a la obligación reclamada. Esto es esencial antes de contestar.
3) Conteste la ejecución con las defensas procedentes: impugnación de la titularidad, error en el monto, vicios de consentimiento del aval, inexistencia de notificación o pagos no contabilizados. En ejecución, existen recursos específicos para paralizar embargos o exigir garantía judicial.
4) Si la ejecución está en curso y existen embargos, solicite medidas para proteger bienes inembargables y presente inventario de bienes necesarios para su subsistencia. Un licenciado gestionará recursos y negociará en su nombre.
5) Si es posible, negocie un convenio con el acreedor que sustituya la ejecución por un plan de pago o una garantía alternativa. El pago o el convenio puede paralizar la ejecución y evitar costas mayores.
1) Se arregla con una carta: el acreedor acepta suspender la ejecución a cambio de un acuerdo de pago. Es la salida más frecuente cuando el deudor o el avalista pueden ofrecer algo inmediato.
2) Conciliación o acuerdo judicial: el juez puede homologar un convenio entre partes que sustituya la ejecución por un plan supervisado. Ese acuerdo otorga seguridad jurídica si se cumple.
3) Juicio y ejecución con embargos: si no hay acuerdo ni defensa procedente, el juez puede ordenar embargos sobre bienes y cuentas. Si pierde, además de pagar la suma, podrá cargar con costas procesales y honorarios. La ejecución práctica depende de que existan bienes suficientes para cubrir la deuda; una sentencia no siempre garantiza el cobro si el deudor es insolvente.
Si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable a usted puede invalidar la ejecución o reducir la deuda; sin embargo, la efectividad del resultado depende de la situación patrimonial de la parte contraria.
En cuanto reciba una notificación de ejecución, conviene contar con un licenciado: los recursos y contestaciones en ejecución son técnicos y el manejo de embargos requiere experiencia procesal. Si hay posibilidad de acuerdo, un abogado negocia condiciones y evita pérdida de bienes. Si no puede costear uno, pregunte por asistencia jurídica gratuita en su estado: en muchos lugares existen servicios para defensa en materia civil.
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El aval solidario obliga al avalista a responder como si fuera deudor principal, permitiendo al acreedor exigirle directamente. El aval subsidiario impone al acreedor intentar primero la vía contra el deudor principal antes de exigir al avalista; revise el contrato para saber cuál es su situación.
Si existe una sentencia que condene al pago y la casa no está legalmente protegida o gravada, puede ser objeto de embargo. Existen bienes que la ley declara inembargables; un licenciado puede ayudar a identificar y protegerlos.
Depende de la vía procesal y de la forma de notificación prevista. Generalmente debe practicar notificaciones válidas; si no lo hizo, esa falta puede ser motivo de impugnación ante el juez.
Negociar un acuerdo con el acreedor para fraccionar o reestructurar la deuda suele ser la primera opción. Si hay imposibilidad real de pago, revise la viabilidad de una reestructura o defensa procesal con un licenciado.
Sí. Quien paga por el deudor adquiere derechos de subrogación y puede exigir al deudor principal lo que pagó. Para hacerlo valer suele necesitar prueba de los pagos y, a veces, acudir a la vía judicial.
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