La responsabilidad sobre deudas en la pareja depende de cómo se contrajeron y del régimen patrimonial. La clave es documentar quién firmó, cómo se usó el dinero y el régimen aplicable según el estado civil. Primer paso: reúna contratos, extractos bancarios y cualquier documento que muestre la firma o la destinación del crédito.
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Para saber si le corresponde pagar parte de una deuda hay que mirar tres cosas: el régimen patrimonial bajo el cual vivía la pareja, quién contrató y firmó la deuda y si el dinero fue para gastos comunes o para uso personal de uno de los cónyuges. En un matrimonio bajo cierto régimen, las deudas contraídas para beneficio familiar suelen afectar al patrimonio común; en otros regímenes o en parejas sin matrimonio, la responsabilidad puede recaer sobre quien firmó. Además importa si existe documentación que pruebe que el recurso sirvió para la vivienda familiar o para satisfacción personal.
Si la deuda está a nombre de uno de los miembros pero los pagos provienen del ingreso común o se destinó el dinero a mejoras del hogar, existe un argumento para exigir contribución. En cambio, si la deuda fue contraída de manera oculta y para fines personales, la otra parte puede oponerse a responder por ella. La existencia de un acuerdo escrito que distribuya responsabilidades es determinante y evita disputas posteriores.
Paso uno: recopile toda la documentación relacionada. Busque contratos de crédito, tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios, contratos de compra-venta, facturas que muestren uso de los fondos, registros de transferencias y cualquier comprobante de pago. Si existen testigos que puedan acreditar que el dinero se destinó a gastos comunes, consígales declaración por escrito.
Paso dos: intente resolver por mediación o negociación. La mediación familiar o civil es útil para acordar un reparto que considere la capacidad de pago y la equidad. Lleve las pruebas y una propuesta concreta de reparto, por ejemplo ordenar créditos por prioridad y proponer plazos de pago razonables.
Paso tres: si la negociación falla, acuda a la vía judicial o a los mecanismos de conciliación que exija la materia del crédito. En juicios civiles se puede reclamar la nulidad en casos de fraude o exigir que se reconozca la contribución de uno al pago. En algunos casos es posible solicitar que se declare la existencia de una deuda en favor de quien pagó en exceso para resarcirlo.
Qué puede hacer usted y qué requiere abogado: puede reunir la prueba y proponer mediación sin abogado. Necesitará un abogado cuando sea preciso reclamar judicialmente el reconocimiento de pagos, impugnar la titularidad del crédito, o cuando la otra parte niegue hechos y haga contrademandas. Si la otra parte ya contrató asesoría o si hay riesgo de embargo de bienes, busque representación.
Uno: se alcanza un acuerdo de división de deuda mediante mediación. Esto ocurre con frecuencia y suele ser la solución más práctica: se pactan montos, plazos y quién asume qué partes. Un acuerdo escrito con firma de ambos tiene valor ejecutable si se le da el carácter jurídico adecuado.
Dos: se llega a un acuerdo judicial o conciliatorio. Un acuerdo homologado por la autoridad puede incluir mecanismos de ejecución en caso de incumplimiento y suele ser preferible cuando hay bienes a proteger.
Tres: juicio y sentencia. Si el caso va a juicio, el tribunal analizará la titularidad, la destinación del crédito y los pagos. Si usted gana, la sentencia puede reconocer la obligación del otro de pagarle o de asumir parte del adeudo; sin embargo, la ejecución depende de la solvencia del deudor y de la presencia de bienes embargables.
Y si gana, ¿cobra? Una sentencia a su favor determina la obligación del otro, pero cobrar requiere que existan bienes o ingresos susceptibles de ejecución. Si la persona carece de patrimonio, la sentencia puede quedarse como título pero de difícil cobro.
Si la disputa es simplemente una negociación sobre pagos, puede intentarlo usted mismo con mediación. Necesitará abogado cuando haya que presentar demandas para reconocer pagos hechos, impugnar la titularidad de créditos, o cuando existan embargos o procedimientos ejecutivos en curso. Si la otra parte ya tiene asesoría o hay riesgo de afectar bienes inmuebles, la representación legal es aconsejable.
Otros problemas frecuentes en mediación familiar y resolución de conflictos
Sí puede reclamar que se reconozca la contribución si prueba que los pagos se hicieron con recursos del hogar o para beneficio común. Guarde recibos, extractos bancarios y cualquier documento que relacione el pago con el gasto familiar.
La titularidad del crédito es relevante: si está sólo a nombre de la otra persona, en principio esa persona es la responsable frente al acreedor, salvo que usted pruebe que la deuda fue para beneficio familiar o que hay un acuerdo que lo obligue.
Un acuerdo verbal puede tener valor probatorio, pero es preferible un acuerdo por escrito que detalle montos y responsabilidades. La ausencia de prueba escrita complica la ejecución futura.
Si obtiene una resolución judicial que lo reconozca como acreedor y el deudor no cumple, usted puede solicitar medidas de ejecución y embargo. La existencia de bienes embargables dependerá del patrimonio del deudor.
No. El banco no cambia el titular del crédito por acuerdos entre particulares; la mediación puede arreglar cómo se pagan las cuotas, pero la relación con el acreedor sigue según el contrato original, salvo que haya reestructuración formal pactada con el acreedor.
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