No me quieren pagar derechos de formación

¿Tienes razón?

La posibilidad de cobrar derechos de formación se decide por tres cosas: primero, si usted o su club formador están amparados por las reglas de la federación correspondiente y por las normas aplicables a la formación de jugadores; segundo, si existe documentación que pruebe que estuvo inscrito y formado en el club reclamante durante el periodo exigido por la normativa; tercero, si hubo una transferencia, contrato de formación o cesión posterior que generó la obligación de pago. En síntesis: no basta con afirmar que formó a alguien; necesita acreditar la inscripción, periodos de entrenamiento, acuerdos escritos y cualquier inscripción federativa que vincule su formación con el jugador.

Además influye quién realizó la operación de alta o transferencia del jugador y bajo qué condiciones se hizo: si la transferencia se hizo entre clubes y la normativa de la federación prevé reparto de derechos, la obligación puede recaer sobre el club comprador o sobre el intermediario que gestionó la operación. Revise los recibos, contratos de transferencia, comunicaciones a la federación y cualquier minuta que mencione compensación por formación.

Si su club formador fue quien invirtió en el jugador y la federación reconoce derecho, su posición será más fuerte. Si el jugador se fue de forma irregular o sin la inscripción debida, la disputa puede complicarse.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación de su club formador. Busque constancia de inscripción del jugador, contratos de formación, listas oficiales, comprobantes de pagos relacionados con la formación y comunicaciones con la federación. Identifique fechas y periodos de formación.

1. Solicite al club comprador o al intermediario la documentación de la transferencia. Pida copia del contrato de transferencia o cesión, acuse de la federación y cualquier documento que muestre pagos realizados o pendientes.

1. Recurra a la federación. Muchas federaciones tienen procedimientos internos de resolución de disputas por derechos de formación y canteranos. Presente su reclamación ante la instancia correspondiente aportando pruebas y solicitando resolución.

1. Valore mecanismos arbitrales o judiciales. Si la federación no resuelve o si las partes acuerdan arbitraje, esa puede ser la vía. Si no hay alternativa arbitral aceptable, la vía civil o mercantil puede reclamar el pago, aunque hay que considerar la competencia y el título que sustenta la obligación.

1. Negocie un acuerdo con garantías. Si el deudor ofrece un pago fraccionado o un convenio, exija garantías, calendarización escrita y un documento que permita ejecutar el acuerdo en caso de incumplimiento.

Acciones que puede tomar hoy: recopilar todo el expediente de formación y pedir por escrito la documentación de la transferencia. Eso activa la obligación de prueba del otro lado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y pago. En muchos casos, cuando se presenta la documentación, la parte pagadora reconoce la obligación y se llega a un acuerdo de pago. Es la salida más frecuente y rápida.

2) Resolución federativa o conciliación. La federación puede dictar una resolución que determine la obligación y el monto, y ordenar el pago. Esa resolución suele ser ejecutable dentro del ámbito federativo y útil para presionar a la parte deudora.

3) Procedimiento arbitral o judicial. Si la disputa no se resuelve, puede llevarse a arbitraje o a tribunales civiles. Incluso con una resolución favorable, la ejecución depende de la capacidad de pago del obligado. En casos internacionales o con clubes extranjeros, la ejecución y reconocimiento pueden necesitar pasos adicionales.

Pregúntese siempre: si gana, ¿cobro? Un título a su favor es valioso, pero su efectividad dependerá de la solvencia y de las garantías que obtenga.

Errores que arruinan el caso

• No contar con pruebas de la inscripción y el tiempo de formación.

• No pedir por escrito la documentación de la transferencia o del contrato del jugador.

• No agotar la vía federativa si la normativa obliga a ello antes de acudir a los tribunales.

• Aceptar pagos verbales o promesas sin documento firmado.

• No verificar si existen cláusulas contractuales que asignen la obligación de pago a terceros o condicionen el derecho de formación.