Las deudas contraídas durante el matrimonio pueden ser responsabilidad de ambos o de uno solo según el régimen matrimonial y la titularidad del crédito. Lo que determina quién responde es el régimen patrimonial, la titularidad del contrato y si hay pruebas de que una deuda fue personal. Primer paso: clasificar las deudas y reunir contratos, estados de cuenta y comprobantes de pago.
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Tres factores definen si una deuda es común o propia: 1) el régimen matrimonial bajo el que se casaron—si era sociedad conyugal o separación de bienes—; 2) la titularidad formal del crédito o contrato; y 3) el destino del dinero o del bien adquirido con la deuda. Si el crédito está a nombre de ambos cónyuges o se usó para gastos familiares, la obligación suele recaer sobre ambos. Si el crédito aparece solo a nombre de uno y fue para un gasto estrictamente personal, la obligación suele quedar a cargo del titular.
Además hay que considerar qué hizo cada quien al separarse: si acordaron en el convenio de divorcio quién asume cada deuda y esa distribución quedó plasmada en resolución, ese acuerdo tiene fuerza. Si no hay acuerdo, lo que decide el juzgado será crucial. También cuenta si existen garantías prendarias o hipotecarias: quien aparezca como deudor en el contrato de garantía suele ver sus bienes en riesgo.
Reúne todos los contratos de crédito, estados de cuenta recientes, contratos de tarjetas, escrituras de crédito hipotecario, comprobantes de pagos y el convenio de divorcio si lo hay. Guarda pruebas de cómo se utilizaron los recursos (facturas, recibos de compra), porque muestran el destino del préstamo.
Qué puede hacer usted sin abogado: listar deudas, reunir contratos y hablar con los bancos para conocer la situación. Qué hace el abogado: impugnar reclamaciones indebidas, pedir medidas en juicio para proteger bienes con garantía y asesorar en la negociación con acreedores.
1) Se arregla con carta y negociación: con frecuencia un acuerdo escrito entre ex cónyuges o un arreglo con el acreedor resuelve el problema. A veces conviene aceptar una quita razonable para evitar ejecución sobre bienes.
2) Acuerdo o convenio homologado: llegar a un convenio y homologarlo en un juzgado pone la distribución de pasivos en un título con fuerza ejecutiva. Eso facilita ejecutar a quien no cumple.
3) Juicio o ejecución: si no hay acuerdo y el acreedor persiste, puede pedir el embargo de bienes. Si usted pierde en juicio, el acreedor puede perseguir bienes según la garantía del crédito. Si gana, puede lograr que la carga recaiga sobre el titular verdadero.
Y si gana, ¿cobra? Ganar una disputa sobre quién paga no garantiza que exista qué cobrar: si el titular es insolvente, la sentencia declarará la responsabilidad pero no transformará de inmediato activos inexistentes en dinero.
Puedes comenzar por reunir contratos y hablar con los bancos; muchas soluciones se logran con negociación directa. Necesitas abogado cuando hay bienes con garantía en riesgo, cuando la otra parte no cumple un convenio de reparto o cuando el acreedor inicia acciones de embargo. Si la situación es compleja, podrías tener derecho a asistencia jurídica gratuita según tu nivel de ingresos.
Otros problemas frecuentes en divorcios
Si la tarjeta está a nombre de ambos, en principio el crédito es de ambos ante el banco. Si el gasto fue estrictamente de una sola persona, esa circunstancia puede probarse y discutirse con el acreedor o en juicio, pero el banco tiene derecho a reclamar a quien firmó el contrato.
Si la hipoteca y la escritura están a nombre del otro, la posibilidad de proteger la casa depende del régimen patrimonial, de si hay garantía prendaria y del contenido del convenio de divorcio. Un abogado puede valorar opciones para evitar la ejecución.
Las deudas fiscales se reclaman según la titularidad del contribuyente. Si el adeudo se generó durante el matrimonio pero a nombre de uno solo, el SAT o la autoridad fiscal reclamará al titular. Es importante revisar documentación y, si procede, alegar responsabilidad compartida en el proceso civil familiar.
Depende del banco y del contrato. Algunas entidades permiten reemplazar al deudor mediante pago o garantía alternativa. En otros casos se necesita una novación formal que el acreedor debe aceptar.
Un convenio privado demuestra la voluntad de las partes, pero si el acreedor no acepta el reparto, el acuerdo entre ustedes no lo obliga. Homologar un convenio en un juzgado le da fuerza ejecutiva frente a terceros.
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