CONAGUA dice que mi franja junto al río es federal.

¿Tienes razón?

Tres elementos que determinan si el reclamo de CONAGUA es procedente.

1) Titularidad registral y posesión. Si su predio aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad con linderos que incluyen la franja, usted tiene un título que debe confrontarse con el deslinde técnico que la autoridad alega. En terrenos ejidales o comunales, la titularidad administrativa y el régimen legal cambian y exigen constancias del Registro Agrario Nacional.

2) Deslinde hidrológico y normativa aplicable. CONAGUA aplica criterios técnicos para considerar franjas de protección ribereña o dominio público hidráulico; normalmente se apoya en criterios de margen mínimos por seguridad o preservación. Lo que importa es que exista un acto administrativo —un deslinde, una resolución o una declaratoria— que formalice la pretensión de dominio público. Si todo es sólo una inspección verbal, su posición no está derrotada.

3) Uso y afectación real. Determine si se le quiere prohibir el uso (con servidumbres), si se pretende ocupar físicamente el terreno o si CONAGUA busca el dominio absoluto. Muchas disputas son sobre el uso recreativo, construcción de muros o deslindes por erosión. Su enfoque dependerá de si la medida es precautoria o definitiva.

Si CONAGUA alega que una franja forma parte del dominio público federal, la agencia debe acreditar técnica y legalmente esa condición. Si no hay acto formal, las simples observaciones técnicas suelen negociarse o impugnarse.

Cómo se soluciona

1) Reúna su documentación registral y de uso.

• Busque escritura, folio real, planos, recibos prediales y cualquier constancia de ocupación histórica (fotos, contratos de servicios). En el caso de predios ejidales, reúna las constancias agrarias.

2) Solicite por escrito el deslinde y el acto que fundamenta la pretensión.

• Pida copia del dictamen técnico, del acto administrativo que declara dominio o aplicación de servidumbre y del expediente. Entregue su petición con acuse de recibo o por medios que generen constancia.

3) Obtenga un deslinde pericial privado si es necesario.

• Contrate a un topógrafo o perito que realice un deslinde y compare resultados con los de CONAGUA. Registre coordenadas, fotos y descripciones precisas.

4) Agote la vía administrativa cuando proceda.

• Si CONAGUA emitió un acto, agote los recursos administrativos que la propia normativa ofrezca. Muchas resoluciones administrativas requieren impugnación previa antes de acudir a juicio.

5) Vía judicial y amparo.

• Si hay un acto de autoridad que afecta su propiedad o uso y vulnera sus garantías, puede promover recursos judiciales o un juicio de amparo. Un abogado especializado evaluará la mejor ruta según el tipo de acto y la entidad involucrada.

Qué puede hacer usted solo y qué necesita abogado

• Usted puede reunir documentos, solicitar copia del expediente y contratar un perito topógrafo para comparar deslindes. Esto es manejable sin abogado.
• Necesitará abogado cuando CONAGUA emite un acto formal, si hay amenaza de desalojo o si se pretende imponer una servidumbre o dominio público. También es recomendable asesoría cuando su terreno tiene valor elevado o explotaciones económicas en la franja reclamada.

Qué puede pasar

1) Se arregla con negociación técnica.

• Muchas disputas terminan con un deslinde ajustado: se reconoce una franja de protección pero se permite uso controlado o se modifica la línea de ribera mediante obras de mitigación.

2) Acuerdo administrativo.

• Puede alcanzarse un convenio donde usted conserva parte del terreno a cambio de medidas de preservación, o donde CONAGUA reconoce su titularidad y aplica sólo una servidumbre administrativa.

3) Juicio o amparo.

• Si la autoridad declara dominio y hay afectación irreversible, proceden impugnaciones. Si pierde, la resolución puede consolidar la pérdida de uso o dominio y obligar a desocupar; si gana, podría recuperar uso o recibir indemnización en supuestos muy específicos. Tenga en cuenta que ejecutar sentencias contra la federación y obtener pago puede implicar trámites adicionales.

Y si gana, ¿cobras?

• En controversias por dominio público federal el cobro no es la regla: más bien se busca la nulidad del acto o la protección del uso. La indemnización en estos casos es excepcional y dependerá de la naturaleza del acto administrativo.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar por escrito el expediente o el deslinde técnico y dejar la discusión en conversaciones verbales.
• No obtener peritaje propio cuando la autoridad presentó coordenadas o planos distintos a los del Registro Público de la Propiedad.
• Firmar desistimientos o acuerdos sin que se especifiquen límites de uso futuros.
• No verificar si hay afectación de playas, dunas o zonas de protección que impliquen otras autoridades como ZOFEMAT o autoridades estatales ambientales.