Acusación por fraude en el IVA

¿Tienes razón?

Tres elementos definen si la acusación fiscal o penal tiene sustento: la existencia y validez de los CFDI, la consistencia entre la contabilidad y los movimientos bancarios, y la intención de defraudar (por ejemplo, facturas emitidas por proveedores fantasma). Si sus comprobantes son genuinos, corresponden a operaciones reales y cuentan con elementos que acrediten entrega de bienes o prestación de servicios, su defensa es fuerte. Si, en cambio, hay facturas sin soporte, proveedores inexistentes o documentos alterados, la autoridad fiscal y la fiscalía tendrán evidencia sólida.

Diferencie entre una auditoría administrativa por el SAT y una investigación penal por la Fiscalía: la primera busca corregir omisiones y exigir pago de contribuciones; la segunda exige indicios de delito fiscal. Ambos procesos pueden coexistir. La clave está en la prueba documental y en demostrar la buena fe o la colaboración en la subsanación.

Cómo se soluciona

1. Asegure y no altere contabilidad: deje intactos los libros contables, auxiliares y archivos digitales. No realice asientos ex post que intenten justificar operaciones inexistentes.
2. Reúna CFDI, contratos de compraventa o prestación de servicios, albaranes, órdenes de compra, recibos de entrega y estados de cuenta que muestren pagos. Exporte correos y comunicaciones con clientes y proveedores que prueben la operación.
3. Solicite a su contador una revisión y elaboración de un informe técnico que explique las operaciones, la trazabilidad y cualquier inconsistencia que exista.
4. Si la autoridad lo requiere, comparezca con asesoría fiscal y penal. No firme declaraciones sin asesoramiento especializado.
5. Prepare contraperitajes contables o auditorías externas para cuestionar la interpretación de la autoridad si corresponde. Valore conciliaciones fiscales o acuerdos en vía administrativa cuando la falta sea subsanable.

Puede usted: reunir documentos, pedir aclaraciones a proveedores y clientes, y encargar una auditoría interna. Necesita abogado fiscalista y penalista si la fiscalía abre carpeta o si la autoridad anuncia medidas punitivas.

Qué puede pasar

1) Se resuelve en la vía administrativa: el SAT puede determinar ajustes, liquidaciones y multas administrativas. Regularizar la situación mediante pagos y aclaraciones puede cerrar la vía administrativa sin llegar a la penal.

2) Acuerdos y compensaciones: en ciertos supuestos es posible negociar el pago de la contribución omitida y evitar sanciones más gravosas, según la disposición de la autoridad y la existencia de buena fe manifiesta.

3) Investigación penal y juicio: si hay evidencia de facturación simulada con ánimo de defraudar, la Fiscalía puede abrir investigación y ejercer acción penal. Una sentencia condenatoria implica sanciones penales y puede generar responsabilidad patrimonial. Si pierde un proceso penal, existen además consecuencias en términos de costas y posible embargo de bienes.

Y si ganas, ¿cobras? En el ámbito fiscal, la absolución penal no siempre implica devolución automática de pagos efectuados en vía administrativa; el trámite para recuperar cantidades depende del procedimiento fiscal y de la existencia de resoluciones firmes.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o manipular registros contables y CFDI.
• Pagar facturas en efectivo sin respaldo bancario que demuestre la operación.
• No conservar contratos, albaranes o pruebas físicas de entrega.
• Cambiar asiento contable tras la notificación de la autoridad sin justificarlo.
• No buscar contraperitaje cuando la discusión es técnica.