Me denuncian por usar facturas falsas

¿Tienes razón?

La cuestión esencial es si usted sabía que las facturas que presentó eran simuladas o si las recibió de buena fe en el curso normal de actividades comerciales. Tres elementos pesan: la existencia de una transacción real (entrega de bienes o prestación de servicios), el conocimiento o la intención de conseguir ventaja tributaria con documentos falsos, y el vínculo o colaboración con proveedores que emitieron facturas sin actividad real.

Si usted tiene contratos firmados, albaranes, guías de despacho, comprobantes de pago a proveedores y pruebas de que el servicio o bien fue efectivamente recibido, su posición es fuerte. Si, por el contrario, las facturas eran por montos desproporcionados respecto a la actividad, de empresas sin domicilio real o emitidas por sujetos que no existían, la Fiscalía y la administración tributaria suelen presumir dolo.

Otro aspecto es la diligencia: si su operación implicaba verificar proveedores y usted no lo hizo, puede alegarse negligencia; si existió intención de evadir impuestos, puede haber delito. Las auditorías del SRI y la remisión a la Fiscalía ponderan estos elementos.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación que pruebe la operación. Busque contratos de compra-venta, órdenes de compra, guías de remisión, certificados de prestación de servicios, justificantes de recepción y comprobantes de pago bancarios al proveedor. Todo eso reduce la apariencia de simulación.

1. Solicite al SRI copia del informe o del requerimiento. Si la autoridad ya inició una auditoría, pida el expediente y las observaciones que motivan la imputación para saber exactamente qué prueban en su contra.

1. Identifique y documente a los proveedores. Si los proveedores existen y pueden acreditar prestación efectiva, conseguir sus declaraciones y comprobantes forma parte de la defensa.

1. Evite destruir facturas o contabilidad. Conservar registros contables ordenados y certificados por su contador es esencial. Borrar información o alterar registros dificulta la defensa y agrava la percepción de culpa.

1. Coordine con su contador un informe pericial contable. Un experto que explique la cadena de operaciones, verificando cobros y entregas, puede desmontar la tesis de simulación.

1. Si hay responsabilidad administrativa, estudie opciones de regularización. Pagar impuestos omitidos y multas administrativas puede cerrar la vía tributaria; sin embargo, la Fiscalía puede seguir la vía penal si aprecia indicios de dolo.

1. Si le imputan delitos, contrate defensa penal con experiencia tributaria. La estrategia incluirá demostrar ausencia de dolo, buena fe y la existencia real de operaciones.

Qué puede pasar

1) Se arregla con aclaración tributaria: Si aporta pruebas de operaciones reales y paga ajustes tributarios detectados por el SRI, la cuestión puede resolverse administrativamente. Esta solución evita la vía penal cuando no hay indicios claros de delito.

2) Acuerdo o sanción administrativa: El SRI puede exigir el pago de impuestos omitidos más intereses y aplicar multas. Un acuerdo puede incluir regularización y pago fraccionado. Aunque la sanción administrativa no es penal, la información puede ser remitida a la Fiscalía.

3) Investigación penal y juicio: Si la Fiscalía concluye que hubo uso deliberado de facturas falsas para defraudar al fisco, puede formular cargos. En juicio, una condena implica sanciones penales y responsabilidades patrimoniales. Si pierde, la ejecución de la sentencia y las costas recaerán sobre usted. Si gana, la recuperación del daño depende de los recursos y de la eficacia de las medidas cautelares impuestas.

Y si gana, ¿cobro? Una absolución no borra necesariamente los efectos administrativos ya impuestos por el SRI ni garantiza la devolución automática de sanciones cobradas; la vía para recuperar cantidades pagadas exige trámites administrativos o judiciales adicionales.

Errores que arruinan el caso

• Borrar facturas, correos y registros contables.
• No solicitar o conservar comprobantes de recepción de bienes o servicios.
• Mantener relaciones comerciales con proveedores sin verificar su existencia y solvencia.
• Firmar declaraciones tributarias sin la revisión adecuada del contador.
• Intentar transacciones internas para “justificar” facturas después de detectada la auditoría.