Tenemos unión de hecho y peleamos por bienes

¿Tienes razón?

La posibilidad de reclamar bienes por unión de hecho se decide por tres criterios. Primero: acreditar la unión de hecho. Necesita elementos que muestren convivencia pública, continuidad y estabilidad —documentos como contratos, recibos de servicios, testimonios, cuentas mancomunadas o hijos en común ayudan a formar el cuadro probatorio. Segundo: la naturaleza del bien en disputa. Bienes adquiridos a nombre de uno de los cónyuges no son automáticamente privativos; el juez valora si hubo aportes económicos o en trabajo que integren el patrimonio común. Tercero: la existencia de acuerdos previos o capitulaciones. Si firmaron un contrato que establece régimen patrimonial distinto, ese documento pesa en la decisión.

No todas las propiedades son susceptibles de reparto: bienes previos a la unión, donaciones o herencias con cláusula de inalienabilidad suelen mantenerse como bienes propios, salvo que existan pruebas de que se convirtieron en bienes comunes por aportes o destinación. La prueba documental y testimonial es clave: facturas, transferencias bancarias, recibos de pagos de mejoras y comunicaciones que evidencien contribuciones al bien.

Cómo se soluciona

1. Acredite la unión de hecho. Reúna pruebas de convivencia: contratos de arriendo o arrendador conjunto, recibos de servicios a nombre de uno y otro en la misma dirección, fotografías, testimonios de vecinos, contratos de alquiler o compra compartida, certificados que acrediten hijos en común.

1. Identifique los bienes y aporte prueba de aportes. Para cada bien, junte escrituras, contratos, facturas de pago, transferencias bancarias y recibos de mejoras. Si usted pagó hipoteca, cuotas o hizo mejoras, documente fechas y montos.

1. Presente un reclamo de división de bienes. Puede intentar primero con mediación para negociar un reparto o compensación. Si no hay acuerdo, tramite la acción judicial correspondiente para solicitar la participación en el patrimonio común.

1. Solicite medidas provisionales si teme desposesión. Si la otra parte intenta disponer del bien (vender, hipotecar o sacar documentos), pida medidas cautelares que eviten la disposición hasta que se resuelva la disputa.

1. Lleve prueba pericial si es necesario. En casos de valoración patrimonial compleja, el juez pedirá peritajes contables o tasaciones para fijar la participación de cada uno.

Qué puede hacer solo: compilar documentación de convivencia y aportes, y proponer una mediación. Qué necesita un profesional: preparar la demanda, solicitar medidas cautelares y coordinar peritajes técnicos.

Qué puede pasar

1) Se arregla en mediación o por acuerdo privado. Lo más frecuente es que las partes negocien una compensación económica, la venta del bien y reparto de producto, o la titularidad a favor de uno con compensación al otro. Un acuerdo firmado y, si procede, inscrito reduce riesgos futuros.

2) Acuerdo judicial o conciliación homologada. El juzgado puede homologar un acuerdo o imponer una liquidación patrimonial. Homologar evita la ejecución separada y fija obligaciones claras sobre quién paga qué.

3) Juicio y liquidación. Si no hay acuerdo, el juez valorará pruebas y, con peritajes, ordenará la liquidación del régimen patrimonial y la adjudicación o compensación. Si pierde, puede quedar sin derecho a parte del patrimonio probado como propio del otro y, además, podría quedar obligado a pagar costas procesales si el tribunal así lo determina.

Y si gana, ¿cobra? Si el juzgado declara su derecho a participación, la sentencia puede ordenar la entrega, la venta o la compensación económica. El cobro efectivo depende de la situación patrimonial del otro y de la posibilidad de ejecutar la sentencia sobre los bienes existentes.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comprobantes de aportes: sin facturas o transferencias es difícil demostrar contribuciones económicas.
• No inscribir acuerdos o no formalizar la compensación: los acuerdos verbales son frágiles.
• Dejar que la otra parte altere la documentación registral sin impugnarlo: cambios registrales posteriores complican la recuperación.
• Confundir donaciones con aportes a la sociedad de hecho: cuando la donación fue clara y documentada, no genera derecho a reparto.
• Empezar acciones sin valorar la carga económica: a veces un acuerdo parcial (compensación) es mejor que un juicio largo y costoso.