No siempre puede la otra parte llevarse a los hijos: depende de la patria potestad, de si existe una resolución judicial o administrativa, y de si hay riesgo para los menores. Lo primero que debe hacer es reunir toda la prueba sobre quién convive habitualmente, las comunicaciones y cualquier incidente que ponga en peligro a los niños, y, si hay amenaza directa, acudir a la Fiscalía o a la autoridad competente para solicitar medidas de protección.
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Que su ex amenace con “quitarse” a los niños no significa que pueda hacerlo legalmente. Tres factores determinan si la amenaza tiene base real: quién tiene la guarda efectiva, qué dice un eventual acuerdo o resolución previa y si existe riesgo para la integridad física o emocional de los menores.
Si su ex actúa solo con amenazas verbales y no presenta autoridad para mover a los niños, usted está en mejor posición. Si hay violencia o un intento real de llevarse a los niños, la intervención de la Fiscalía o de la Defensoría es clave.
Acciones que puede hacer usted hoy sin abogado: reunir y exportar pruebas, notificar por escrito a la escuela y servicios médicos quiénes están autorizados a retirar a los niños, y acudir a la Fiscalía si existe amenaza o violencia. Cuándo contratar a un abogado: si le ofrecen un acuerdo, si la otra parte tiene representación legal, o si hay que pedir medidas judiciales complejas.
Y si gana, ¿cobro o cumplieron? Una resolución favorable obliga legalmente, pero si la otra parte no cumple por motivos de insolvencia o negativa, puede ser necesario acudir a mecanismos de ejecución de sentencia y, en ocasiones, a medidas de cumplimiento forzado.
Puede iniciar varios pasos por su cuenta: recopilar y exportar pruebas, notificar por escrito a colegios y centros de salud y presentar una denuncia ante la Fiscalía si existe amenaza. Necesitará abogado cuando haya que presentar medidas judiciales complejas, cuando la otra parte ofrezca un acuerdo o cuando la otra parte ya tenga representación. Si carece de recursos, la Defensoría Pública puede asistirle en muchos trámites y, en casos con riesgo para los menores, la representación pública suele estar disponible.
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Si no existe una resolución que otorgue la guarda a la otra persona y los niños viven con usted, la posesión de hecho pesa a su favor. Si hay una amenaza real o intento, acuda a la Fiscalía y pida medidas de protección. También informe a la escuela y servicios médicos quiénes están autorizados a recoger a los menores.
Sí. Los mensajes pueden ser prueba si se exportan correctamente y se conservan sin alterar. Haga capturas, exporte las conversaciones en formato que se pueda imprimir y guarde registros de llamadas. También sirven testimonios que corroboren las conversaciones.
Informe enseguida a la dirección del centro que existe un conflicto y entregue la documentación que acredite la guarda y las personas autorizadas para retirar a los menores. Si hay amenaza, solicite a la escuela que contacte a la Fiscalía o a la Policía.
Sí. La Defensoría Pública presta asistencia en materia de familia y puede orientar y representar en trámites ante Fiscalía o en unidades judiciales cuando la persona no cuenta con recursos para contratar un abogado privado.
La existencia de antecedentes de violencia refuerza la petición de medidas de protección y puede limitar el régimen de visitas. La Fiscalía y el juez valorarán el riesgo para los menores y adoptarán medidas que prioricen la seguridad del niño o niña.
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