Sanción por vertidos al dominio público hidráulico: ¿qué hacer?

¿Tienes razón?

Tres cosas deciden si la sanción está bien fundada. Primero, la naturaleza del vertido: ¿llegó al río, quebrada, estero o infraestructura del sistema hidráulico que administra el Estado? Si la descarga quedó dentro de un predio privado y no alcanzó el dominio público hidráulico, su defensa es distinta. Segundo, los permisos y autorizaciones: si contaba con una autorización ambiental, derecho de vertimiento o un plan de manejo aprobado, eso puede debilitar la sanción; si no, la sanción parte de una infracción normativa. Tercero, la prueba de la autoridad: la toma de muestra, el acta de inspección y la cadena de custodia de las muestras son clave. Si la autoridad no documentó claramente la toma de muestras o no forma cadena de custodia, su caso mejora.

Si además puede demostrar medidas correctivas realizadas inmediatamente (limpieza, contención, informe técnico de terceros), eso afectará la motivación de la sanción y la posible reducción de la pena. Por último, existe la posibilidad de que la conducta se impute por responsabilidad objetiva (es decir, basta el daño) o por negligencia; entender qué teoría aplicó la autoridad cambia la estrategia.

Cómo se soluciona

1) Reúna y preserve prueba. Extraiga y guarde: fotografías con fecha y hora del lugar, vídeos, registros de operación de la planta o del pozo, bitácoras, recibos de mantenimiento, registros de descarga, facturas de insumos, contratos con empresas externas y correos. Si hay testigos, pida declaración por escrito y nombre completo. Exporte conversaciones de WhatsApp y correo electrónico —no dependa de que sigan en el teléfono.

2) Obtenga los documentos oficiales. Localice la notificación de la sanción, el acta de inspección, el resultado de laboratorio, la normativa invocada y cualquier permiso ambiental o autorización de vertimientos que tenga. Copie todo. Si dispone de informes técnicos propios (laboratorio privado, hidrogeólogo), incorpórelos.

3) Formule alegaciones por escrito ante la autoridad que impuso la sanción. Responda punto por punto el acta de la inspección: cuestione la cadena de custodia, las coordenadas del muestreo, la identificación del agente actuante y aporte documentos que prueben autorización o medidas correctoras. Adjunte pruebas y solicite la revisión técnica.

4) Solicite medidas alternativas o reparadoras. Puede proponer o demostrar actuación correctiva: limpieza, remediación, sistema de contención, plan de manejo. A veces la administración valora la reparación y rebaja o modifica la sanción.

5) Si la resolución administrativa confirma la sanción, prepare recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción competente. Para ello necesita expediente administrativo completo, copia de la resolución sancionatoria y prueba técnica que describa el estado previo y posterior del lugar.

6) Mientras tramita, cumpla las órdenes de la autoridad si son de seguridad o de remediación. No cumplir agrava la situación y puede motivar medidas cautelares o nuevas sanciones.

Qué puede hacer usted solo: contestar la notificación y aportar documentación técnica básica. Cuándo contratar abogado: si la sanción es alta, si hay medidas cautelares que paralizan la actividad o si la autoridad ha iniciado procedimiento penal paralelo por delitos ambientales.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y pruebas: frecuentemente, la aportación de pruebas técnicas y la adopción de medidas correctivas convencen a la autoridad de revisar la sanción. La administración puede imponer medidas reparadoras o reducir la multa cuando ve actos de subsanación.

2) Acuerdo administrativo o conciliación: si la normativa lo permite, puede negociarse una solución que combine reparación y sanción reducida. Un arreglo administrativo evita un proceso contencioso y la exposición pública del expediente.

3) Juicio contencioso-administrativo: si mantiene la sanción y recurre, la jurisdicción podrá anularla, modificarla o confirmarla. Si pierde el caso en sede contenciosa, podría mantener la obligación de pago y la obligación de reparar. En algunos supuestos puede iniciarse investigación penal si hay indicios de daño grave o dolo. Si la administración impone una sanción y usted carece de activos para pagar, la sentencia es un título que facilita ejecución, pero cobrar de una entidad insolvente es difícil.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable anula la sanción administrativa, pero si ya pagó la multa, debe tramitar la devolución o compensación administrativa o judicial.

Errores que arruinan el caso

• No preservar evidencia en el sitio: borrar fotos, limpiar sin documentarlo o permitir que terceros alteren la escena.
• No exportar mensajes y registros: perder conversaciones importantes por no hacer copia.
• Firmar conformidades o actas sin leer ni entender las consecuencias.
• No solicitar el expediente administrativo completo: sin él es imposible medir la estrategia.
• No cumplir medidas de seguridad ordenadas por la autoridad: eso aumenta la sanción y la posibilidad de medidas cautelares.