No siempre. Lo que determina si puede corregir el salario de referencia son tres cosas: qué documentos oficiales existan (liquidaciones, planillas, contratos), si las cotizaciones están registradas correctamente en el IESS y cómo fueron calculadas las bases salariales en el sistema. Primer paso: reúna toda la prueba de sus remuneraciones y extractos de aportes del IESS para comparar. Con eso sabrá si hay margen para pedir la rectificación ante la entidad o, si hace falta, impugnarlo judicialmente.
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Para saber si el salario de referencia está mal calculado debe mirar tres elementos concretos.
1) Registros y documentos: si usted tiene nóminas, contratos, recibos de sueldo, comprobantes de transferencias o recibos firmados que muestran una remuneración diferente de la que aparece en la determinación del IESS, eso es la prueba primaria. También sirven certificados de trabajo y declaraciones empleador-Empleado.
2) Registro en el IESS: la entidad calcula la base sobre la información que recibió de su empleador y lo que consta en los sistemas de la seguridad social. Si las planillas o las declaraciones de aportes del empleador consignaron un sueldo menor, el IESS toma eso. Hay casos donde el empleador reportó remuneraciones en especie o pagos por fuera de planilla; si eso no consta, no se computa.
3) Criterio administrativo aplicado: el IESS puede promediar periodos, excluir pagos extraordinarios o aplicar reglas específicas de la ley para convertir aportes en salario de referencia. Si el criterio aplicado no coincide con la realidad contractual o con lo que manda la norma, hay fundamento para pedir revisión.
Si usted tiene documentos que demuestran una base mayor y además las cotizaciones están registradas de forma discordante, su posición es fuerte. Si no conserva papeles y todo lo que existe es el registro del IESS, la discusión será más difícil, pero no imposible: se pueden presentar testimonios, pruebas alternativas y solicitar pericias.
1) Reúna la prueba. Busque contratos, recibos de sueldo, planillas de pago, comprobantes de transferencias, certificados de trabajo, cartas del empleador y cualquier documento que muestre la remuneración real. Si usó cuenta bancaria para cobrar, exporte los extractos y destaque los ingresos vinculados al trabajo. Si tiene conversaciones por escrito con el empleador donde se acuerda el pago, expórtelas.
2) Obtenga su historia laboral en el IESS. Solicite los extractos de aportes y la resolución de cálculo de la pensión. Compare mes a mes lo que consta en el IESS con lo que usted tiene. Anote las discrepancias concretas: fechas y montos.
3) Reclamo administrativo ante el IESS. Presente las pruebas y solicite la rectificación de la base de cálculo. Dirija su petición a la unidad que emitió la liquidación. Adjunte documentos y explique la discordancia. Pida constancia de recepción.
4) Si la respuesta es negativa o no obtiene corrección, estudie la vía contencioso-administrativa o la acción prevista frente a resoluciones del IESS. Para esto conviene que un abogado valore las pruebas y prepare el recurso técnico. El abogado puede solicitar pericias y preparar la impugnación de la liquidación.
5) Si existen pruebas de que el empleador reportó mal intencionalmente o hubo fraude, incluya esos elementos en la reclamación y plantee medidas que obliguen al empleador a corregir aportes.
Qué puede hacer usted sin abogado: recopilar y presentar la documentación al IESS, pedir su historia laboral y fundamentar la petición. Lo que requiere abogado es coordinar la impugnación administrativa y judicial si la entidad no corrige.
1) Se arregla con una corrección administrativa: es lo más frecuente cuando la discrepancia es documental y el IESS acepta la prueba. La resolución se revisa y el salario de referencia se actualiza; eso puede aumentar su pensión.
2) Acuerdo entre partes: si el empleador admite error o acepta pagar aportes atrasados, puede firmarse un acuerdo que corrige registros y evita juicio. Un acuerdo puede ser ventajoso si llega rápido y garantiza la emisión de documentos que el IESS acepte.
3) Litigio: si el IESS rechaza la corrección y hay disputa sobre los hechos, puede seguirse la vía administrativa o contencioso-administrativa. En un proceso, el resultado depende de la fuerza de sus pruebas y de peritajes. Si usted gana, su base puede recalcularse; si pierde, la decisión se mantiene. En juicios contra personas o empresas insolventes, una sentencia favorable no garantiza el cobro de diferencias si la empresa no tiene bienes.
Y si gana, ¿cobro? La sentencia que ordena corregir una liquidación o pagar diferencias obliga al deudor; pero si el empleador o la entidad no tiene recursos o recurre la decisión, el cobro puede demorarse o quedar en papel. Por eso la viabilidad económica de la parte contraria es relevante al negociar.
La primera reclamación administrativa la puede presentar usted con la documentación que reúna; en muchos casos basta. Necesitará abogado si la entidad rechaza la corrección, si hay conflicto con el empleador (especialmente si la empresa ofrece dinero para cerrar el tema) o si hay que preparar un recurso contencioso. Si no tiene recursos, puede solicitar Defensoría Pública o asesoría gratuita para evaluar prueba y redactar la impugnación.
Otros problemas frecuentes en abogados de seguridad social
Sí, siempre que pueda exportarlo y contextualizarlo (fechas, interlocutores). Un mensaje donde el empleador reconoce un pago o acuerda una remuneración es prueba válida, aunque suele complementarse con recibos o extractos bancarios.
Sí. Solicite los extractos de aportes y la resolución de cálculo. Esa información es esencial para comparar lo que usted tiene con lo que figura en el sistema.
Debe intentar la corrección administrativa ante el IESS; para cobrar diferencias, si existe sentencia, puede ser complejo si la empresa no tiene bienes. En esos casos la prueba documental sirve para acreditar el derecho aunque la recuperación económica dependa de la situación patrimonial.
No puede cambiar registros administrativos por su cuenta. Puede presentar documentación para que la entidad corrija los asientos y, si la administración mantiene su posición, impugnar la resolución por la vía correspondiente.
Nóminas, contratos, recibos firmados, extractos bancarios que muestren el ingreso, certificados de trabajo, comunicaciones formales con el empleador y cualquier registro que relacione pagos con el cargo.
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