Riesgo penal para la empresa por delitos económicos: qué hacer

¿Tienes razón?

Tres elementos definen si la empresa corre riesgo penal en delitos económicos: la naturaleza de la conducta imputada (por ejemplo, lavado de activos, defraudación, delitos fiscales), la evidencia que la vincula (documentos contables, transferencias, comunicaciones internas) y la existencia o ausencia de programas de cumplimiento y control interno. Si las operaciones sospechosas fueron realizadas por una o varias personas sin respaldo documental y hay registros que apuntan a conducta intencionada, el riesgo penal es alto. Si, en cambio, la irregularidad es técnica o derivada de errores contables aislados y la empresa puede demostrar controles razonables, la respuesta puede orientarse a subsanar y colaborar.

Importan además las actuaciones de los administradores: omisiones deliberadas o la destrucción de prueba agravan el escenario. También cuenta si la empresa ha implementado políticas de prevención previas: un programa de cumplimiento puede actuar como atenuante en la valoración de responsabilidades y en la negociación con autoridades.

No confunda responsabilidad penal de una persona natural con responsabilidad de la persona jurídica: en Ecuador la empresa puede ser sancionada si la conducta se enmarca en su actividad y no se probó debida diligencia para evitarla. Por eso la investigación debe apuntar a identificar responsables individuales y a demostrar que la sociedad tenía o adoptó medidas razonables para prevenir el delito.

Cómo se soluciona

1. Active el plan de contingencia corporativo. Identifique documentos clave (contratos, facturas, libros contables, extractos bancarios) y preserve su integridad. Asegure copias certificadas y registre quién tiene acceso.

1. Contrate asesoría penal especializada y asesores contables forenses. Un abogado penalista con experiencia mercantil le ayudará a valorar riesgos, preparar la respuesta a la autoridad y negociar posibles medidas. Un perito contable puede revisar operaciones y generar informes que expliquen movimientos con lenguaje técnico.

1. Evalúe la necesidad de medidas internas inmediatas. Puede separar temporalmente a responsables, suspender funciones con respaldo documental y ordenar auditorías internas. Estas medidas deben ser proporcionadas y documentadas para evitar reclamos laborales o acusaciones de obstrucción.

1. Decida la estrategia frente a la Fiscalía. Colaborar con la investigación, aportando documentación y explicaciones, suele ser más eficaz que la negativa rotunda. Su abogado guiará qué informar y qué reservar en base al derecho a no autoincriminarse de las personas afectadas.

1. Diseñe o refuerce el programa de cumplimiento. Si la empresa no tenía políticas anticorrupción y de control, adopte protocolos, manuales y formación. La existencia de un programa eficaz puede reducir la exposición a sanciones y mejorar la posición negociadora.

1. Prepare un plan de comunicación. La forma en que se informa a clientes, proveedores y empleados influye en la reputación y en la continuidad del negocio. Evite declaraciones públicas que puedan perjudicar la defensa y coordine mensajes con el equipo legal.

Qué puede hacer la gerencia sola: preservar la documentación y asegurar la continuidad del negocio. Para responder a la Fiscalía y negociar medidas cautelares o posibles acuerdos debe contar con abogado.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con aclaración administrativa o interna. En algunos casos la investigación demuestra que no hubo delito o que se trató de errores administrativos subsanables; la empresa corrige procesos y sigue operando sin sanciones penales.

2) Acuerdo o medidas administrativas. La empresa puede llegar a acuerdos que incluyan multas administrativas, medidas correctivas y la supervisión externa. Aceptar medidas de cumplimiento y colaborar puede ser más eficaz para restablecer la normalidad que entrar en litigo.

3) Procedimiento penal contra personas y persona jurídica. Si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, pueden abrirse procesos penales que deriven en responsabilidad de personas naturales y, potencialmente, sanciones a la sociedad. Si la empresa pierde un proceso penal o administrativo, deberá afrontar sanciones y posibles reclamaciones civiles; la ejecución de una sanción contra una persona o empresa depende de la existencia de bienes para satisfacerla.

Y si gana, ¿cobra? Si obtiene una resolución favorable, recupera reputación y evita pagos; si existe una reclamación civil por daños, conseguir una sentencia no siempre garantiza efectivo sino que exige medidas de ejecución sobre bienes disponibles.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar documentos: borrar correos o modificar asientos contables abre la puerta a imputaciones adicionales.
• No contratar asesoría penal de inmediato: reaccionar sin guía legal puede empeorar la posición frente a la Fiscalía.
• Declarar públicamente sin coordinación legal: comentarios imprudentes pueden usarse en su contra.
• No documentar las medidas internas: aplicar sanciones o separar personal sin soporte documental genera litigios laborales que distraen recursos.
• Ignorar la necesidad de control interno: esperar a que pase sin cambiar procesos asegura que el problema se repita.