Les quieren retirar la personería jurídica a la fundación

¿Tienes razón?

La posibilidad de perder la personería jurídica depende de qué irregularidades se alegan y de la capacidad de la fundación para acreditar subsanación. Las causas habituales que motivan una amenaza de retiro incluyen incumplimiento de obligaciones contables y de rendición, desvío de fondos, funcionamiento irregular de los órganos de gobierno o actividades contrarias al objeto social. Lo que determinará el resultado es la evidencia: libros y balances en orden, actas que muestren funcionamiento regular, contratos y comprobantes que prueben actividades acorde al objeto fundacional y la adopción de medidas correctoras.

Si la fundación demuestra que los incumplimientos fueron formales, aislados o ya corregidos, y que existe un plan de control interno, la autoridad suele preferir medidas menos drásticas que la eliminación de la personería. En cambio, si hay indicios de fraude sistemático, el riesgo aumenta. Además, la protección de terceros y beneficiarios influye: si la pérdida de personería afectaría a personas vulnerables, la autoridad ponderará ese impacto.

Cómo se soluciona

1) Reúna la prueba de cumplimiento: libros, estados financieros, actas de asambleas, contratos de proyectos y comprobantes de ejecución. Prepare un expediente organizado por años y partidas.

2) Implementen medidas de corrección formales: contraten auditoría externa, nombren un comité de ética o de finanzas y aprueben en asamblea un plan de mejora de control interno. Documente cada acción con actas y contratos.

3) Presente al Protectorado un informe pormenorizado que incluya la documentación probatoria y el plan de subsanación. Solicite audiencia y aporte compromisos verificables, como la contratación de un auditor o la restitución de recursos si procede.

4) Si el Protectorado inicia un procedimiento para retirar la personería, prepare defensa técnica: impugne las pruebas, acredite las correcciones y pida medidas alternativas menos gravosas. Considere solicitar reparaciones progresivas y plazos para demostrar cumplimiento.

5) Si el proceso avanza hacia la pérdida de personería, estudie recursos judiciales para impugnar la decisión administrativa, y solicite medidas cautelares que permitan mantener la operatividad mientras se resuelve el litigio.

Actúe documentando todo y evitando actos que puedan perjudicar a beneficiarios; salvar la continuidad operativa de programas es un argumento relevante ante autoridades y jueces.

Qué puede pasar

1) Se corrige sin retirar la personería. Con frecuencia, presentar pruebas y adoptar medidas correctoras es suficiente para que la autoridad desestime la sanción máxima. La fundación sale con un plan de mejora y supervisión.

2) Sanciones intermedias y acuerdos. Puede haber sanciones administrativas (multas, intervención temporal) o acuerdos que obliguen a cambios en la gobernanza. Aceptar un plan de cumplimiento puede evitar la pérdida total de la personería.

3) Retiro de la personería y consecuencias prácticas. La retirada implica la pérdida de personalidad jurídica y la necesidad de liquidar activos, lo que afecta contratos, cuentas y proyectos. Si la fundación depende de financiamiento externo, su operación se paraliza. Ante la pérdida definitiva, los afectados pueden impugnarla en sede judicial. Asimismo, responsables podrían enfrentar sanciones administrativas o penales si hubiera delitos.

Y si gana una impugnación, ¿vuelve todo a la normalidad? Si la decisión administrativa es anulada, la fundación recupera su personería; sin embargo, el proceso puede dejar secuelas operativas y reputacionales que hay que gestionar.

Errores que arruinan el caso

• No documentar las medidas de subsanación; la autoridad necesita prueba objetiva.
• Ocultar información a colaboradores, donantes o financiadores: empeora la pérdida de confianza.
• Esperar pasivamente la resolución sin proponer correcciones verificables.
• Transferir o dilapidar bienes cuando existe una investigación: puede interpretarse como destrucción de patrimonio y agravar sanciones.
• No proteger la continuidad de proyectos y beneficiarios: la pérdida de personería suele evaluarse también por su impacto social; ignorarlo perjudica la defensa.