Quiero impugnar una resolución del SRI

¿Tienes razón?

Una resolución del SRI se puede impugnar, pero su fortaleza depende de tres factores:

• Motivación y prueba de la resolución: la resolución debe explicar por qué estima que existen impuestos adeudados, ajustes o sanciones. Verifique si el SRI se basó en documentos, en la declaración jurada o en información de terceros. Si la motivación es insuficiente o la autoridad se apoya en errores de interpretación, usted puede cuestionarla.

• Documentación de soporte: la contabilidad, facturas, comprobantes de pago, contratos y estados bancarios son claves. Si puede acreditar que las operaciones fueron registradas correctamente o que hubo un error de clasificación, su impugnación mejora.

• Uso de los recursos administrativos: en la mayoría de los casos hay recursos internos que debe agotar antes de acudir a la justicia. Presentar el recurso adecuado y aportar prueba es determinante para que la revisión sea efectiva.

Si al revisar el expediente detecta errores en la aplicación de normas, cálculos equivocados o falta de prueba sólida, tiene base para reclamar.

Cómo se soluciona

1. Solicite y revise la resolución y el expediente: pida copia completa del acto administrativo, las actuaciones previas y la base de los cálculos. Identifique las partidas cuestionadas y la documentación que el SRI considera probatoria.

1. Organice su documentación: reúna contabilidad, facturas, recibos, contratos, declaraciones anteriores y comprobantes de pago. Prepare un índice cronológico que facilite la verificación de los hechos y la relación con los asientos contables.

1. Prepare el recurso administrativo adecuado: presente un escrito de impugnación o reconsideración que explique punto por punto por qué la resolución es incorrecta. Señale errores fácticos, de cálculo o de interpretación y adjunte la documentación comprobatoria. Si dispone de peritajes contables o auditoría, incorpórelos.

1. Solicite la suspensión de la ejecución: cuando la resolución implica cobros o medidas que afectan sus activos, puede pedir la suspensión de la ejecución mientras se resuelve el recurso administrativo, aportando garantía si la normativa lo exige.

1. Agotar la vía administrativa antes de la judicial: si tras los recursos administrativos la resolución se mantiene, el siguiente paso es la vía contencioso-administrativa para que un juez revise la legalidad del acto.

1. Considere la mediación o acuerdos: en algunos casos negociar con el SRI regularizaciones parciales o ajustes aceptables puede ser una salida práctica, siempre que no implique renunciar a derechos que desconoce o pérdidas innecesarias.

Qué puede hacer sin abogado: recopilar y ordenar la documentación, solicitar copias y preparar un recurso sencillo. Necesitará asesoría tributaria o legal para cálculos complejos, para negociar acuerdos con el SRI o para llevar el proceso judicial.

Qué puede pasar

1) La resolución se corrige tras recurso: si presenta prueba convincente y el SRI reconoce errores de hecho o de cálculo, puede modificar o anular la resolución. Esta es la vía más rápida y evita litigio.

2) Acuerdo o regularización: puede lograrse una negociación para ajustar montos o fraccionar pagos. Aceptar un arreglo puede ser sensato si evita la incertidumbre y el costo del litigio; sin embargo, examine las consecuencias fiscales y contables.

3) Juicio contencioso-administrativo: si la resolución se mantiene, puede demandarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si pierde en sede judicial, la resolución quedará confirmada y podrá enfrentar cobros forzosos y costas. Si gana, la sentencia puede ordenar la anulación y la devolución de pagos indebidos, sujeto a los procedimientos de ejecución contra la administración.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable suele permitir la restitución de pagos indebidamente cobrados, pero la ejecución contra la administración puede requerir pasos adicionales y depender de la tramitación para el desembolso.

Errores que arruinan el caso

• No presentar pruebas documentales puntuales: alegar sin pruebas es insuficiente contra la fiscalización tributaria.

• Pagar sin impugnar: cancelar montos sin cuestionarlos puede cerrar la vía de defensa y complicar la recuperación.

• No agotar recursos internos: no impugnar en la etapa administrativa puede dejarle sin opciones judiciales.

• No revisar cálculos y asientos contables: errores en la contabilidad pueden ser usados en su contra si no se corrigen a tiempo.

• Firmar acuerdos de regularización sin asesoría: aceptar condiciones que impliquen renuncias amplias puede resultar costoso.