Quiero reclamar la devolución de tasas por licencia denegada

¿Tienes razón?

Su derecho a la devolución de tasas por una licencia denegada depende de tres aspectos. Primero: la normativa municipal sobre tasas: las ordenanzas fijan cuándo se reembolsan tributos por licencias denegadas y cuándo se retienen costos administrativos. Segundo: la causa de la denegación: si la denegación es por incumplimiento imputable al solicitante (faltas formales o datos falsos), la devolución puede no proceder; si la denegación es por motivos de orden público o por errores de la propia administración, la devolución es más probable. Tercero: el cumplimiento procedimental de su parte: presentar el trámite en forma y dentro de los requisitos hace más probable la devolución.

En resumen: revise la ordenanza municipal sobre tasas y la resolución de denegatoria. Si la municipalidad expresa que la tasa no es reembolsable, compruebe si esa regla aplica en su caso o si la denegación incurre en vicios administrativos.

Cómo se soluciona

1) Solicite la devolución por escrito y presente el expediente.

• Dirija una solicitud formal al municipio acompañando la resolución de denegatoria, recibos de pago y el expediente administrativo. Pida que le indiquen la causa de la no devolución si la ordenanza la impide.

2) Recurra administrativamente si la respuesta es negativa o no responde.

• Si la municipalidad rechaza la devolución, agote los recursos administrativos internos previstos por la ordenanza: presente alegaciones y pruebe que la denegación no es imputable a usted o que la tasa debe reembolsarse según la norma.

3) Aporte pruebas de su buena fe y del cumplimiento del trámite.

• Si la denegación se basa en un defecto formal subsanable, demuestre que el defecto no le es imputable o que intentó subsanarlo. Guarde acuses y evidencia de entrega.

4) Vía contencioso-administrativa si la vía administrativa agota sin resultado.

• Si la administración mantiene la negativa pese a argumentos y normativa que respaldan la devolución, la demanda contencioso-administrativa es la alternativa. En la demanda se solicita la nulidad de la resolución y la devolución de lo pagado.

5) Exija intereses de ley si corresponde.

• En la demanda puede pedirse la devolución de la cantidad pagada y, en su caso, los recargos o intereses que la normativa permita por la retención indebida.

Qué puede hacer solo: reclamar la devolución por escrito y aportar el expediente. Cuándo necesita abogado: si la municipalidad deniega por escrito y usted considera que la norma le asiste; en ese punto un abogado redacta recursos y la eventual demanda contencioso-administrativa.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y devolución administrativa.

• Si la municipalidad reconoce el error o la inaplicabilidad de la norma a su caso, devolverá las tasas. En la práctica, una reclamación bien fundamentada suele acelerar la devolución.

2) Acuerdo o devolución parcial.

• Pueden devolver lo íntegro o retener un porcentaje justificado por costes administrativos. Un acuerdo puede incluir la devolución condicionada a la renuncia expresa a otras acciones.

3) Juicio contencioso-administrativo.

• Si recurre a la vía judicial puede obtener la nulidad de la resolución y la devolución. Si pierde, puede afrontar costas administrativas. Si gana, la sentencia ordenará la devolución, aunque la ejecución práctica depende de la administración.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia ordena la devolución, pero para que se ejecute habrá pasos administrativos para hacer efectivo el pago; a veces la administración demora, por eso a menudo se piden garantías o intereses en la demanda.

Errores que arruinan el caso

• No aportar los recibos de pago ni el expediente administrativo original.
• No revisar la ordenanza municipal antes de reclamar: puede haber condiciones formales que usted debe cumplir.
• Dejar pasar comunicaciones y no responder a requerimientos de subsanación: el expediente puede archivarse.
• Firmar documentos renunciando a reclamaciones sin entender su alcance.
• No agotar la vía administrativa cuando es requisito previo para acudir a la jurisdicción.