Quiero evitar que me incauten mercancías en aduanas por infracción
Sí puede pasar: la Aduana puede retener mercancías cuando existe una denuncia por presunta infracción de propiedad industrial. Lo que decide si la retención procede es la existencia de una solicitud formal de las personas titulares de derechos, la apariencia de riesgo de perjuicio y la documentación aduanera de sus envíos. Primer paso: reúna toda la documentación de importación y pruebas de origen y marca para poder justificar la legalidad del envío ante la autoridad y ante el denunciante.
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¿Tienes razón?
Que la Aduana detenga mercancías no significa que usted haya cometido una infracción. Lo que determina si su posición es sólida son, esencialmente, cuatro factores: la naturaleza de los derechos invocados por quien denuncia, la documentación que acompaña la carga, el uso real y la apariencia externa de los productos y la existencia de autorizaciones o licencias por escrito. Si usted es titular de la marca o del derecho, tiene herramientas para pedir la incautación; si no lo es, puede demostrar que es un distribuidor autorizado, que las etiquetas y embalajes son distintos o que posee licencias válidas. También influye mucho si el denunciante aportó pruebas iniciales ante la autoridad aduanera o si la denuncia fue genérica y sin respaldo documental.
En la práctica cotidiana, muchas retenciones se basan en comparaciones visuales de etiquetas y en documentos de embarque que muestran un origen distinto al declarado por el importador. Si usted conserva facturas, contratos de compraventa internacional, certificados de autenticidad, órdenes de compra y correos con el proveedor que acrediten la legalidad, su posición es más fuerte. Si la mercadería tiene diferencias notorias respecto al producto protegido, eso también ayuda. Si ninguno de esos elementos existe, la Aduana suele retener hasta que se aclare la situación.
Cómo se soluciona
Primero reúna toda la prueba documental disponible. Copie facturas, contratos, guías aéreas o marítimas, certificados de origen, comprobantes de pago y comunicaciones con su proveedor. Si tiene autorización del titular de la marca, localícela en papel y exporte cualquier chat que la confirme. Digitalice todo y haga copias que pueda presentar.
Segundo prepare una posición escrita y fehaciente dirigida a la autoridad aduanera responsable del puerto o aeropuerto. Esa comunicación debe explicar la titularidad o la autorización para distribuir, describir las diferencias físicas del producto con respecto al supuesto infractor y adjuntar las pruebas. En Ecuador la Aduana, ante una denuncia por presunta infracción, actúa sobre la base de la información inicial; una respuesta clara puede evitar que la retención se prolongue.
Tercero comunique al denunciante —si conoce su identidad— que ha presentado la documentación ante la autoridad y ofrezca canalizar la verificación. A veces el titular retira la denuncia si la documentación demuestra la legalidad. Haga esto preferiblemente por escrito y con acuse de recibo.
Cuarto si la Aduana mantiene la retención, solicite acceso al expediente y pida la devolución provisional o la liberación bajo garantía, aportando las mismas pruebas y ofreciendo fianza o depósito si la norma local lo permite. Si no le devuelven la mercancía, prepare la reclamación administrativa ante la instancia competente e informe que piensa ejercer las acciones necesarias.
Quinto considere la vía judicial o administrativa si no obtiene respuesta satisfactoria. Un abogado especializado en propiedad industrial y derecho aduanero puede presentar medidas cautelares o recursos que impidan la disposición de la mercancía mientras se resuelve el fondo.
En paralelo, preserve la cadena de custodia de la mercancía: registre quién tuvo acceso, tome fotos del estado del embalaje y etiquetado antes de cualquier manipulación y guarde copias de todo movimiento documental.
Qué puede pasar
Primera posibilidad: la cuestión se resuelve con la presentación de documentos y la mercancía se libera. Esto ocurre cuando el importador demuestra titularidad, licencia o diferencias objetivas entre los productos. Este desenlace es frecuente y evita costes mayores.
Segunda posibilidad: se alcanza un acuerdo extrajudicial entre el importador y el titular del derecho. El acuerdo puede consistir en la liberación contra una garantía, la devolución de la mercancía al proveedor, la destrucción acordada o el pago de una suma para evitar litigio. Un acuerdo tiene la ventaja de rapidez frente a un proceso y de previsibilidad en costes, aunque implique aceptar concesiones.
Tercera posibilidad: la Aduana mantiene la incautación y el caso termina en una decisión administrativa o judicial que ordena la destrucción o el decomiso. Si pierde usted, la carga puede ser retenida definitivamente y los costos de almacenamiento y multas pueden recaer sobre el responsable del embarque. Además, una resolución firme contra el importador puede dificultar relaciones comerciales futuras.
Una pregunta habitual es “si gano, ¿cobro?”. Si obtiene una resolución a su favor, cobrar dependerá de la solvencia del denunciador o de la existencia de garantías. Una sentencia favorable no convierte automáticamente en dinero la mercancía; puede obligar a la autoridad a liberar bienes o a pagar indemnización, pero si la parte contraria es insolvente, el cobro efectivo puede ser difícil.
Errores que arruinan el caso
- No conservar facturas ni contratos de compra internacionales. Sin ellos, su defensa se debilita.
- No digitalizar y exportar conversaciones con proveedores: los chats en apps pueden borrarse o perderse.
- Manipular la mercancía antes de que la autoridad la examine: mover embalajes o cambiar etiquetas destruye prueba.
- Responder de forma informal al denunciante sin dejar constancia escrita: no sirve como prueba ante la Aduana.
- No solicitar acceso al expediente administrativo para conocer los argumentos concretos del denunciante.
¿Necesitas un abogado para esto?
La primera defensa documental puede hacerla usted: reúna facturas, contratos y comunicaciones y preséntelos ante la autoridad. Pero necesita abogado cuando la Aduana persiste en la retención, cuando le ofrecen un acuerdo o cuando la otra parte ya inició acciones judiciales o administrativas. Un abogado especializado verifica la capacidad del denunciante, negocia acuerdos y presenta recursos o medidas cautelares. Si cumple los requisitos para defensa pública, puede aplicar a la Defensoría Pública.
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Preguntas frecuentes sobre este caso
Las facturas son prueba importante, pero no garantizan la liberación automática. La autoridad examina la documentación frente a la denuncia. Si las facturas acreditan compra y pago y coinciden con el embarque, ayudan mucho; conviene presentarlas junto con contrato, certificación de origen y comunicaciones con el proveedor.
Un permiso verbal tiene escaso valor probatorio. Si dispone de autorización, pida un documento firmado o, al menos, conserve correos o mensajes escritos que la confirmen y la identifiquen. Exporte y guarde capturas con metadatos para fortalecer la defensa.
La autoridad puede ordenar medidas sobre mercancía presuntamente infractora según los procedimientos aplicables; sin embargo, suele tramitarse con notificación y posibilidad de presentar pruebas. Es clave solicitar acceso al expediente y presentar documentación para evitar medidas definitivas.
Que el denunciante tiene una posición más sencilla para solicitar retención. Aun así, usted puede demostrar que actúa con licencia, que el producto es original o que no existe confusión en el mercado. Una defensa bien documentada puede torcer la decisión.
Sí. Una negociación por escrito con propuestas de solución puede llevar al retiro de la denuncia. Hágalo siempre por escrito y conserve acuses; si el titular acepta una verificación o la liberación condicionada, pídalo por escrito para presentarlo ante la autoridad.
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