Quiero disolver una unión de hecho y saber mis derechos

¿Tienes razón?

Su posibilidad de reclamar tras disolver una unión de hecho depende de la prueba de la convivencia y de la contribución económica o personal a los bienes comunes. En Ecuador, la unión de hecho reconocida permite ciertos efectos patrimoniales y de protección, pero exige demostrar la cohabitación y la vinculación estable. Documentos como contratos de arriendo, recibos compartidos, cuentas mancomunadas, testigos, fotografías con fechas y testimonios ayudan a acreditar la unión.

También influye si los bienes fueron adquiridos a nombre de uno solo pero con aportes del otro: la jurisprudencia y la práctica judicial aceptan la posibilidad de reconocer derechos económicos por contribuciones demostrables. Si hay hijos en común, los derechos y obligaciones relativas a la guarda, custodia y pensión se rigen por normas de familia y el interés superior del menor.

Finalmente, el registro de la unión de hecho (si existe) facilita acreditar la existencia; sin registro, la prueba es testimonial y documental. En cualquier caso, la valoración de la contribución y la relación de pareja determinará la calificación de los derechos patrimoniales.

Cómo se soluciona

1. Reúna pruebas de convivencia y aportes. Busque contratos o facturas a nombre de ambos, cuentas conjuntas, pruebas de pago de cuotas hipotecarias, mejoras en inmuebles, recibos y testimonios de familiares y vecinos.

1. Evalúe qué derechos reclama. Puede pedir reparto de bienes adquiridos con aportes conjuntos, compensación económica por aportes personales (trabajo doméstico no remunerado) y resolver la guarda y pensión de hijos en común.

1. Proponga un acuerdo. Negociar un convenio que determine reparto de bienes, compensaciones y régimen de visitas puede ser la forma más rápida. Un acuerdo homologado ante la autoridad competente o judicial le da mayor fuerza frente a terceros.

1. Si no hay acuerdo, presente la demanda. Con las pruebas, solicite ante la unidad judicial competente la determinación de la unión de hecho (si fuera necesario), la liquidación de los bienes y las medidas relativas a la guarda y pensión.

1. Pida medidas provisionales si hay riesgo. Si teme que la otra persona disponga de bienes o se vaya del país, solicite medidas cautelares para asegurar activos y proteger derechos de niños o personas en situación de vulnerabilidad.

Qué puede hacer usted solo y qué necesita profesional. Usted puede reunir pruebas, proponer un acuerdo y tratar de negociar. Necesita abogado si la otra parte no colabora, si hay bienes registrables que deben inscribirse o si se trata de empresas o deudas complejas. También contrate abogado si hay hijos y hay disputa sobre custodia o pensión. La Defensoría Pública puede asesorar en casos de recursos limitados.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un convenio. Muchas uniones terminan con acuerdo sobre reparto de bienes y custodias, especialmente si las partes mantienen una relación civil respetuosa. Un convenio homologado permite inscribir cambios y evita litigios costosos.

2) Conciliación o acuerdo judicial. Si acuden a conciliación, pueden obtener una homologación que facilite la ejecución. Un acuerdo rápido evita la incertidumbre y los costes de un proceso.

3) Juicio de liquidación o reconocimiento. Si no hay acuerdo, el juez determinará la existencia de la unión, la masa patrimonial, y decidirá adjudicaciones, compensaciones y medidas sobre hijos. Si pierde la demanda, puede quedarse sin compensación; si gana, la efectividad dependerá de la existencia de bienes disponibles para ejecutar la sentencia.

Y si gano, ¿cobro? Una sentencia favorable puede ordenar compensaciones o adjudicaciones, pero su efectividad depende de que existan bienes para ejecutar. Si la otra parte no tiene patrimonio, la sentencia es una orden de pago que requiere pasos de ejecución.

Errores que arruinan el caso

• No conservar pruebas de convivencia y aportes (recibos, contratos, fotos fechadas).
• Confundir relación ocasional con unión estable: la estabilidad y la continuidad importan.
• Firmar renuncias o convenios sin asesoría cuando no comprende las implicaciones patrimoniales.
• No buscar medidas cautelares si teme que dispongan de bienes.
• Pensar que la sola convivencia sin pruebas es suficiente: la carga de prueba recae en quien reclama.