No puedo afrontar la pensión compensatoria que me reclaman

¿Tienes razón?

Tres factores deciden si puede o no afrontar la pensión compensatoria. Primero: la existencia de una resolución o convenio aprobado por la autoridad que ya la haya fijado; si existe, es una obligación formal que se puede ejecutar. Segundo: su capacidad económica actual y previsible —ingresos, cargas familiares, deudas y patrimonio—; la ley considera la situación económica de ambas partes para evitar cargas desproporcionadas. Tercero: la naturaleza de la pensión: si es compensatoria (compensa desequilibrios tras la ruptura) o es una pensión alimentaria para hijos; las pensiones para hijos tienen prioridad y se tratan distinto.

No basta decir que no puede pagar: lo relevante es probarlo. Declaraciones juradas de ingresos, certificados de trabajo, liquidaciones, extractos bancarios y documentación de obligaciones (por ejemplo, hipoteca o manutención de terceros) son la base. Si no tiene pruebas, su defensa será sólo una protesta y el tribunal puede decretar medidas de apremio.

Cómo se soluciona

1. Documente su situación económica. Reúna contratos, recibos de pago, certificaciones de desempleo o de reducción de jornada, extractos bancarios y documentos de préstamos e hipotecas. Haga una relación clara de ingresos y gastos mensuales.
2. Proponga alternativas por escrito. Envíe una propuesta formal que explique su imposibilidad actual, acompañada de la prueba, y ofrezca opciones: reducción temporal, pagos diferidos o garantía real. Un acuerdo firmado evita procedimientos largos.
3. Si existe una orden judicial, solicite una modificación o revisión de medidas ante la autoridad competente. La presentación debe venir acompañada de prueba de cambio de circunstancias. Si no hay orden previa, negocie un convenio regulador donde quede constancia de su capacidad.
4. Evite incumplimientos sin comunicar: si deja de pagar sin más, la contraparte puede iniciar ejecución. Comunicar la imposibilidad y ofrecer alternativas demuestra buena fe y protege frente a sanciones más duras.
5. Si la otra parte inicia ejecución, evalúe medidas de oposición y de reducción de la cuantía con asistencia técnica. Un profesional puede solicitar la suspensión del procedimiento en algunos supuestos y orientar sobre garantías o bienes a ofrecérsele para asegurar el cumplimiento futuro.

Qué puede hacer hoy: preparar un dossier de pruebas de sus ingresos y gastos, redactar una oferta de pago razonada y solicitar asesoría para presentarla correctamente ante la otra parte o ante la autoridad.

Qué puede pasar

1) Acuerdo entre las partes. Es común llegar a un arreglo: una reducción temporal, un calendario de pagos ajustado a su capacidad, o la sustitución por una garantía (depósito en cuenta o prenda sobre bienes). Aunque la cifra sea menor, un acuerdo evita el riesgo de medidas ejecutivas y los costes de un juicio.

2) Modificación judicial o conciliación. Si alcanza la autoridad un acuerdo, este puede transformarse en resolución formal. A veces la modificación formal evita futuras ejecuciones y permite establecer condiciones exigibles.

3) Ejecución y consecuencias. Si no hay acuerdo y la otra parte ejecuta, pueden embargarse bienes o solicitar retenciones. En procesos de incumplimiento graves, además de embargos, podrían ordenarse medidas que compliquen su situación patrimonial o crediticia. Si usted pierde la oposición a la ejecución, la sentencia o el título ejecutivo se ejecutará y las costas del proceso pueden recaer en quien pierda si hubo temeridad.

Si usted gana la modificación, la nueva cuantía es la que rige; si pierde, tendrá que cumplir la obligación anterior y afrontar las consecuencias del incumplimiento.

Errores que arruinan el caso

• Dejar de pagar sin comunicar ni proponer solución: parece mala fe y facilita la ejecución.
• No aportar prueba de su situación económica actual: sin prueba un tribunal lo califica como falta de voluntad.
• Ofrecer acuerdos verbales sin dejar constancia escrita y firmada.
• Aceptar condiciones apresuradas para evitar un juicio sin valorar su sostenibilidad real.
• Ignorar asesoría cuando la otra parte ya ha presentado documentos judiciales o administrativos.