Mi empresa tiene acusaciones de mercado de valores y abuso de información privilegiada

¿Tienes razón?

Que su empresa esté acusada no significa que haya cometido un delito. En estas materias tres cosas determinan si la acusación tiene base: la naturaleza de la información que supuestamente se utilizó (si era relevante y no pública), quiénes tuvieron acceso a ella dentro de la empresa, y las pruebas que vinculan operativas de compra o venta con esa información. También importa si la conducta fue deliberada o derivó de fallas de control interno. Otra variable es si las transacciones se hicieron por la propia sociedad, por ejecutivos individualmente o por terceros vinculados. Por último, la forma en que se recogieron las pruebas —por ejemplo, diligencias de autoridades, registros contables o comunicaciones internas— condiciona mucho el resultado.

Si usted puede demostrar que la información ya era pública, que no existía relación causal entre la información y las transacciones, o que hubo autorización y control corporativo, su posición mejora. Si, en cambio, aparecen comunicaciones internas que enlazan conocimiento previo y decisiones de inversión, la hipótesis penal se fortalece.

Cómo se soluciona

1. Preservar evidencia: guarde correos, chats, registros de acceso a sistemas, órdenes de operación y balances. Exporte conversaciones de aplicaciones y conserve metadatos. No elimine ni altere nada. Cree copias y registre quién tuvo acceso.

1. Suspender acciones que afecten la prueba: detenga la destrucción automatizada de logs y active retenciones informáticas. Pida a los responsables de TI que no borren registros y que hagan respaldos con custodia.

1. Hacer un inventario interno: identifique a las personas con acceso a la información sensible, fechas y canales por los que circuló y operaciones vinculadas. Tome declaraciones internas por escrito y regístrelas con fecha y firma.

1. Evaluar controles y cumplimiento: revise políticas de insider trading, protocolos de blackout, y libros de registros de operaciones. Documente fallos y medidas correctoras; esa diligencia sirve para defensa administrativa y penal.

1. Comunicarse con las autoridades competentes o asesores: si llega una notificación de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Mercado de Valores o de la Fiscalía, responda con asesoría técnica. No entregue información hasta consultar con quien defienda a la compañía.

1. Preparar la defensa técnica: organizar la cronología de hechos, la explicación de las decisiones comerciales, y pruebas que demuestren ley o buenas prácticas (políticas internas, capacitaciones, registros de control).

1. Considerar medidas internas disciplinarias: si hay culpa interna, adopte medidas proporcionales y documentadas que demuestren la toma de control por la empresa.

En estas etapas, parte de las tareas las puede hacer personal de la empresa (reunir correos, exportar chats, preparar inventarios), pero algunas, como la custodia probatoria, la negociación con autoridades o la revisión de actuaciones fiscales, requieren asesoría especializada.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o aclaración: muchas investigaciones se cierran tras aportar documentación y explicaciones convincentes. Una comunicación técnica bien fundamentada puede disolver dudas si demuestra que la información no era relevante o que hubo controles adecuados.

2) Acuerdo, sanción administrativa o conciliación: si las autoridades administrativas (por ejemplo, la Superintendencia de Mercado de Valores) identifican infracciones regulatorias, la compañía puede obtener una sanción económica o administrativa y aceptar medidas correctoras. Un acuerdo puede ser preferible al litigio cuando reduce riesgo y coste, aunque acepte una sanción menor.

3) Proceso penal: si la Fiscalía ve indicios de delito, puede iniciar investigación penal. En sede penal pueden existir medidas cautelares personales contra ejecutivos y medidas sobre bienes. Si la causa llega a juicio y se condena, las consecuencias incluyen responsabilidad penal y posibles sanciones patrimoniales. Si pierde la empresa en instancia penal, además de la pena puede surgir responsabilidad civil por daños.

Y si gana, ¿cobra? Una absolución penal protege frente a sanciones penales, pero no garantiza la recuperación de gastos o la reparación de daño reputacional. Si hay sanción administrativa, recuperar posiciones económicas depende de la solvencia de la autoridad y de si la empresa puede demostrar perjuicio.

Errores que arruinan el caso

• Alterar o borrar correos y registros: destruye cualquier posibilidad de defensa creíble.
• No documentar controles: no tener políticas internas de cumplimiento facilita la interpretación en su contra.
• Hablar en privado con investigadores sin asesoría: las declaraciones improvisadas suelen ser usadas en su contra.
• No separar funciones: que una misma persona gestione información sensible y operaciones aumenta presunciones de abuso.
• No aplicar retenciones informáticas: perder metadatos o logs complica demostrar la cronología.