Mi empresa recibe sanción penal y administrativa por prácticas irregulares

¿Tienes razón?

No existe una respuesta de sí o no: lo que define si la sanción es ajustada a derecho depende de tres piezas. Primero, la descripción de la conducta en los actos sancionadores: si los hechos están bien individualizados y probados, la sanción suele sostenerse. Segundo, la existencia de culpabilidad en quienes dirigieron o autorizaron la conducta: la distinción entre error administrativo y conducta dolosa es crítica. Tercero, si la empresa adoptó medidas de prevención y control: una política de cumplimiento aplicada puede mitigar sanciones administrativas y penales.

Si la conducta es atribuible a empleados aislados y la empresa puede demostrar que desplegó controles razonables, la sanción penal puede recaer sobre individuos y la empresa recibir una sanción administrativa o preventiva. Si la irregularidad forma parte de una política empresarial o hay pruebas de conocimiento de los directivos, la sanción penal y administrativa puede ser más severa.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia íntegra de las resoluciones administrativas y de cualquier actuación penal. Verifique los fundamentos y los hechos concretamente imputados. Sin el texto de los actos no podrá preparar una defensa adecuada.
2. Reúna evidencia: documentación contractual, registros de control interno, actas, correspondencia y muestras de capacitación o auditorías previas. Todo lo que muestre la diligencia de la empresa es relevante.
3. Presente recursos administrativos en la vía correspondiente para impugnar sanciones que considere infundadas o desproporcionadas. Acompañe los recursos con prueba pericial, contable o técnica que desmonte la imputación.
4. Si existe procedimiento penal paralelo, coordine estrategia con la defensa penal de los directivos y con el equipo que atiende la vía administrativa. La estrategia debe evitar contradicciones y proteger a la empresa y a sus representantes.
5. Valore acuerdos o procedimientos alternativos cuando la ley los contemple: en ocasiones, cumplir medidas de corrección, pagar una sanción administrativa o aceptar un plan de cumplimiento puede reducir la exposición penal. Siempre evalúe con asesoría técnica si el costo del acuerdo es razonable frente al riesgo de ir a juicio.
6. Refuerce su programa de cumplimiento y documente las mejoras implementadas: esto ayuda en fases de mitigación y en futuros procesos regulatorios.

Qué puede hacer sin abogado: recoger y organizar la documentación y presentar recursos administrativos básicos. Cuándo contratar abogado: ante sanciones que impliquen responsabilidad penal de administradores, multas significativas o cuando la sanción administrativa impida la actividad de la empresa.

Qué puede pasar

1. Revocatoria o reducción de la sanción administrativa: si el recurso demuestra errores de procedimiento o falta de pruebas, la autoridad puede revocar o reducir la multa o la medida impuesta.

1. Acuerdo administrativo con condiciones: la autoridad puede aceptar medidas correctivas a cambio de atenuantes. Esto permite retomar operaciones con supervisión y mejorar procesos.

1. Sanción penal y consecuencias patrimoniales: si se demuestra la comisión de un delito, pueden imponerse penas que incluyen sanciones patrimoniales y la inhabilitación de responsables, además de consecuencias reputacionales y contractuales que afectan la continuidad del negocio.

Y si gana, ¿cobro? Obtener una resolución favorable restaura la capacidad contractual y reputacional, pero la recuperación de pérdidas derivadas de la sanción depende de terceros y de la situación económica de la empresa.

Errores que arruinan el caso

• No impugnar formalmente la sanción o perder plazos procesales por inacción administrativa. (Consulte a un abogado para conocer la naturaleza del plazo.)
• No coordinar la defensa administrativa con la penal, generando contradicciones en los descargos.
• Ignorar la necesidad de pruebas periciales que expliquen técnicas contables o comerciales cuestionadas.
• Firmar acuerdos sin evaluar el impacto penal o reputacional a largo plazo.
• No documentar las mejoras de cumplimiento introducidas después de la sanción; registrar las acciones ayuda a mitigar sanciones futuras.