Me negaron la pensión por invalidez

¿Tienes razón?

La cuestión central en una denegación de pensión por invalidez es probar tres cosas: la existencia de una incapacidad que impida el servicio, la relación causal entre la lesión o enfermedad y el servicio militar y que se cumplieron los requisitos formales para solicitar la pensión. Si la evaluación médica oficial concluye que no hay un grado de incapacidad que dé derecho a pensión, la administración puede denegarla; sin embargo, esa conclusión puede ser impugnable con pericia independiente y revisión de la historia clínica.

Es esencial obtener la motivación por escrito de la denegación: qué pruebas se valoraron, cuáles se rechazaron y por qué. También influye si el daño ocurrió en acto de servicio o en una circunstancia no relacionada; la causalidad es decisiva. Otra variable es si la solicitud se presentó con la documentación completa: si faltaron informes, exámenes o pruebas solicitadas, la denegación puede haberse basado en falta de pruebas más que en ausencia de incapacidad.

En resumen, si tiene pruebas médicas independientes y documentación que conecte la enfermedad o lesión con el servicio, tiene opciones para impugnar la denegación. Si la decisión se apoya en pruebas robustas y contradicen sus alegatos, será más difícil revertirla.

Cómo se soluciona

1. Solicite el expediente clínico y la resolución motivada. Pida copia completa de los informes médicos, peritajes, actas y la resolución que declara la denegación, con sus fundamentos.

1. Reúna pruebas médicas independientes. Acuda a médicos especializados para obtener informes que describan la incapacidad, su grado y su relación causal con el servicio. Haga pruebas complementarias que puedan reforzar su diagnóstico.

1. Compare informes y detecte omisiones. Analice si la evaluación oficial omitió exámenes, informes o consideraciones relevantes. Señale contradicciones entre peritajes.

1. Reclamo administrativo y pericia independiente. Presente una reconsideración administrativa con los nuevos informes. Solicite una pericia independiente o la revisión por comisión médica si la normativa lo permite.

1. Vía contencioso-administrativa o laboral. Si la administración confirma la denegación, puede impugnarla judicialmente aportando la prueba médica que contradiga la valoración oficial. Un abogado y peritos médicos serán clave.

Acción inmediata: pida copia del expediente y consiga un informe médico independiente. Lo que requiere un profesional: coordinar peritos, presentar recursos y representar en juicio si hace falta.

Qué puede pasar

1) Revisión y reconocimiento: con nueva pericia o prueba clínica, la administración puede revertir la decisión y conceder la pensión. Esto ocurre cuando la valoración independiente aporta evidencia que la evaluación inicial no consideró.

2) Acuerdo o reconocimiento parcial: la institución puede reconocer un grado de invalidez menor al reclamado y ofrecer una solución intermedia. Valore la oferta con asesoría médica y legal.

3) Juicio: ante la negativa persistente, la vía judicial valorará las pruebas médicas y la causalidad. Si pierde, mantendrá la denegación y puede asumir costas según la decisión judicial. Si gana, la sentencia ordenará el reconocimiento y la liquidación, pero la ejecución dependerá de procedimientos administrativos.

Y si gana, ¿cobra? La sentencia fijará la obligación de conceder la pensión y pagar los importes pendientes; la efectividad del cobro puede requerir trámites de liquidación y coordinación administrativa para su ejecución.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente médico ni de la resolución motivada.
• No obtener informes médicos independientes y actualizados.
• Firmar documentos aceptando la denegación sin entender consecuencias.
• No documentar el momento y el contexto en que ocurrió la lesión o enfermedad.
• Esperar demasiado para reunir pruebas médicas contemporáneas al evento.