Me han impuesto una sanción de la Seguridad Social por fraude

¿Tienes razón?

Para valorar si la sanción está injustificada fije la atención en tres puntos. Primero: la descripción concreta de la conducta imputada en la resolución. La sanción debe relacionar hechos y pruebas que la autoridad considera constitutivos de fraude. Segundo: la existencia de prueba objetiva que desmienta la imputación: recibos, transferencias, contratos, actas de conciliación o comunicaciones con la entidad. Tercero: la intención dolosa. Muchas sanciones se basan en que hubo mala fe: si usted puede demostrar que hubo error, desconocimiento o información incompleta sin intención de defraudar, su defensa se fortalece.

Si la resolución no explica bien los hechos, o si usted tiene documentación que pruebe las transacciones o la buena fe, tiene argumentos sólidos para impugnar la sanción. Si, en cambio, existen pruebas claras de conducta dolosa (documentos falsificados, declaraciones deliberadamente erradas), la defensa es más compleja y requiere asesoría especializada.

Cómo se soluciona

1. Solicite inmediatamente copia íntegra del expediente, la resolución sancionadora y todas las pruebas en que se basa la autoridad. Lea con cuidado los hechos que se le imputan.

1. Reúna prueba de su buena fe: contratos, comprobantes de pago, nóminas, correos y comunicaciones con la entidad, pruebas de que las declaraciones fueron completadas por terceros, o cualquier documento que muestre error y no fraude.

1. Prepare y presente alegaciones motivadas ante la autoridad. Explique punto por punto por qué los hechos no implican fraude o por qué hubo un error material. Aporte documentos que contradigan la imputación.

1. Si la autoridad mantiene la sanción, acuda a la vía jurisdiccional con un abogado. En el proceso judicial se analizan tanto la legalidad del procedimiento como la valoración de las pruebas y la posible existencia de error o dolo.

1. Paralelamente, si procede, corrija voluntariamente los errores subsanables (por ejemplo, rectificar declaraciones o regularizar aportes) y deje constancia por escrito. La regularización suele atenuar la sanción o facilitar acuerdos.

1. Asesórese para la defensa técnica: en sanciones por fraude la estrategia probatoria y procesal es determinante, y conviene contar con abogado desde la fase en que la autoridad no acepta su alegato.

Qué puede pasar

1) Archivo o rectificación administrativa: si su alegación convence o la prueba de la autoridad es débil, la sanción puede retirarse o atenuarse. A veces la entidad admite que hubo error o recalcula la sanción.

2) Acuerdo o regularización: si el problema es una declaración incorrecta sin dolo, puede negociar la regularización y un pago para terminar el procedimiento. Un acuerdo reduce la incertidumbre y evita la vía judicial.

3) Juicio: si la controversia llega a juicio y usted pierde, la sanción quedará firme y podrá conllevar multas y otras consecuencias administrativas. Además, en casos de fraude grave pueden existir responsabilidades penales o consecuencias para su historial con la institución. Si gana, la sanción se dejará sin efecto y podrá solicitar la reposición de derechos afectados.

Y si gana, ¿cobro? En reclamaciones sobre multas o sanciones, lo que se reclama es la nulidad o la reducción de la sanción; si hubo pagos efectuados, la ejecución de una sentencia favorable puede permitir la devolución, pero dependerá de que se haya pagado previamente o de lo que el tribunal ordene.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente ni de las pruebas en su contra.
• No alegar ni aportar documentos de inmediato; dejar pasar tiempo sin justificar los hechos empobrece la defensa.
• Intentar negociar verbalmente con funcionarios sin dejar constancia escrita.
• No regularizar errores simples cuando eso mitiga la sanción.
• Subestimar la acusación: una sanción por fraude puede implicar consecuencias administrativas severas y, en ciertos supuestos, investigaciones penales.