Me acusan de peculado en entidad pública

¿Tienes razón?

La acusación de peculado gira en torno a tres elementos: la titularidad pública del bien o recurso, la titularidad o custodia que usted tenía sobre ese bien, y la existencia de un acto de disposición o apropiación indebida con ánimo de lucro o beneficio. Si usted era responsable de caja, cuentas o contraloría interna, la cuestión se centra en qué movimientos realizó y si estaban autorizados. Si nunca tuvo acceso directo a los fondos públicos o su rol era meramente técnico, su defensa tiene puntos fuertes.

Importa también la traza documental: los fondos públicos suelen dejar registro (ordenes de pago, cheques, transferencias, actas de recepción). Si los movimientos están respaldados por órdenes válidas o por el marco presupuestario de la entidad, ello puede desvirtuar la acusación. Por el contrario, pagos sin soporte, facturas dudosas o contratos irregulares aumentan el riesgo.

Otro factor decisivo es la intención. Peculado suele requerir una conducta dirigida a apropiarse o distraer recursos. Si hubo un error administrativo o mala gestión sin ánimo de lucro, la acusación penal puede no prosperar, aunque sí generará responsabilidad administrativa o contable.

Cómo se soluciona

1. Reúna la contabilidad y prueba de cadena de custodia. Solicite copias de las cuentas de la entidad, órdenes de pago, comprobantes bancarios, actas y cualquier soporte de la gestión de recursos. Si puede, obtenga extractos bancarios que muestren las salidas y entradas relacionadas.

1. Identifique autorizaciones y delegaciones. Reúna documentos que demuestren quién autorizó los movimientos: firmas autorizadas, certificaciones del órgano rector, resoluciones de la entidad. Muchas veces la responsabilidad es compartida y esa división de roles es clave.

1. Conserve soportes técnicos. Si los pagos respondieron a compras o servicios, reúna facturas, albaranes, informes de entrega y contratos. Un peritaje técnico puede acreditar que los bienes o servicios se entregaron.

1. No borre ni altere registros. Alterar documentos o borrar mensajes es una acción que suele transformar una mala posición en una situación penal mucho más grave.

1. Solicite el expediente de la investigación. Pida copia de las actuaciones administrativas y fiscales para conocer las imputaciones concretas.

1. Valore una auditoría externa o peritaje contable. Un perito puede reconstruir flujos y mostrar incompatibilidades entre la acusación y la contabilidad real.

1. Decida la vía: defensa administrativa y penal. Muchas veces hay dos frentes: sanción administrativa o responsabilidad contable y la vía penal. Actúe en ambos frentes con asesoría adecuada.

Qué puede pasar

1) Se arregla documentalmente: si la documentación acreditativa prueba que los fondos fueron usados conforme a la normativa y con autorizaciones, la investigación puede cerrarse sin sanción penal; puede quedar una recomendación administrativa o un ajuste contable.

2) Acuerdo o sanción administrativa: la entidad puede imponer sanciones administrativas, devoluciones o responsabilidades contables. En ocasiones se pactan reparaciones económicas o traslados administrativos que evitan el proceso penal.

3) Juicio penal: si se presenta acusación penal y se llega a juicio, una condena puede implicar sanciones penales y obligaciones de reparación. Si la persona es declarada insolvente, la ejecución patrimonial puede ser difícil. Si pierde la persona acusada, además de penas, puede afrontar inhabilitaciones administrativas.

Y si gana, ¿cobro? La reparación por vía penal puede ordenar restitución, pero ejecutar esa restitución depende de la capacidad económica del condenado. Una sentencia favorable no siempre se traduce en recuperación inmediata de fondos.

Errores que arruinan el caso

• Borrar archivos contables, correos o mensajes que luego la fiscalía requiere.
• No pedir copia del expediente ni acreditar su actuación administrativa.
• Firmar devoluciones o reconocimientos de deuda sin asesoría: a veces eso se usa como prueba de culpa penal.
• No separar la defensa administrativa de la penal: tienen reglas y tácticas distintas.
• No preservar testigos o documentos que acrediten entrega de bienes o servicios.