Me acusan de lavado de activos

¿Tienes razón?

El lavado de activos se configura cuando se actúa para ocultar, transformar o dar apariencia de legalidad a bienes o recursos provenientes de un delito. Para evaluar si la acusación tiene fundamento hay que observar: el origen de los fondos, la coherencia entre actividad declarada y movimientos patrimoniales, y la existencia de conductas típicas de ocultamiento (transmisiones opacas, uso de empresas pantalla, triangulaciones internacionales). Si usted puede demostrar de manera documental que los fondos provienen de actividad lícita —contratos, ventas, nóminas, comprobantes bancarios— y que no existe ocultamiento deliberado, su posición es favorable.

La acusación puede basarse en indicios: operaciones atípicas, relaciones con personas o empresas investigadas, o información de cooperación internacional. La fuerza de esos indicios depende de la capacidad de la fiscalía para vincular los flujos con delitos previos. En la práctica, la diferencia entre un bloqueo preventivo y una acusación penal formal suele radicar en la cantidad y calidad de la prueba.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia de la imputación y de las pruebas. Conocer el expediente le permite identificar qué operaciones o comportamientos están bajo sospecha y contra qué elementos debe localizar pruebas de origen.

1. Reúna documentación que acredite origen lícito: contratos de compraventa, facturas, registros contables, extractos bancarios, recibos de pago de servicios, contratos laborales y cualquier documento que explique entradas de dinero. Ordene todo cronológicamente.

1. Preserve la trazabilidad de los bienes. Si hay bienes inmuebles, vehículos u otros activos, reúna escrituras, declaraciones y comprobantes de pago. Si se dieron ventas o donaciones, mantenga los contratos y autorizaciones que acrediten legitimidad.

1. Obtenga peritajes financieros y en cadena de bloques si hay activos digitales. Un análisis forense de las cuentas y de la ruta de los fondos puede demostrar la ausencia de vínculos con actividades ilícitas o aclarar la naturaleza del flujo económico.

1. Identifique testigos y documentos que expliquen las relaciones comerciales. Contratos con clientes, comunicaciones sobre prestación de servicios y órdenes de compra pueden demostrar la realidad empresarial detrás de los movimientos.

1. Coordine la defensa penal. Una vez que la fiscalía impute formalmente, su defensa debe proponer pruebas, solicitar diligencias y, si procede, pedir medidas cautelares menos gravosas. La defensa técnica es esencial para cuestionar la calificación jurídica y la sufficiencia de la prueba.

1. Evalúe medidas de regularización si proceden. En algunos supuestos, la regularización fiscal o la documentación adicional pueden ayudar a desmontar la apariencia de ilicitud.

Usted puede iniciar reuniendo documentos y solicitando copia del expediente; necesi­tará abogado penalista con experiencia en delitos económicos si la fiscalía formaliza cargos o si hay riesgo de medidas cautelares sobre sus bienes.

Qué puede pasar

1) Archivo o sobreseimiento. Si usted logra demostrar el origen lícito de los fondos o si la fiscalía no encuentra conexión con delitos previos, la investigación puede archivarse.

2) Acuerdos o medidas alternativas. En ciertos casos, la fiscalía y la defensa pueden acordar medidas que reduzcan consecuencias penales a cambio de colaboración o reparación. Estos acuerdos valoran la certeza frente a la incertidumbre procesal.

3) Proceso penal y posible condena. Si la Fiscalía demuestra que usted participó en el proceso de blanqueo —ocultamiento, conversión o transferencia de bienes provenientes de delito— puede haber una acusación formal y un juicio. Una condena penal puede implicar penas y medidas accesorias, incluyendo decomiso de bienes. Además, el Estado puede intentar la recuperación de activos mediante procedimientos civiles o administrativos.

Y si gano, ¿cobro? Si logra la absolución, la recuperación de bienes depende de si éstos fueron embargados o decomisados y de la posibilidad de instar procesos de devolución. La recuperación puede exigir trámites adicionales ante autoridades administrativas o judiciales.

Errores que arruinan el caso

• Mover activos sin documentar la razón del movimiento.

• Destruir correos o registros digitales que expliquen transacciones.

• No preservar evidencia de contratos, facturas y comunicaciones que prueben la actividad lícita.

• Hablar con la fiscalía sin asesoría cuando su declaración pueda contradecir pruebas documentales.

• Contratar peritos sin experiencia en delitos financieros o en tracing de activos.