Herencia y menores: cómo proteger los activos de un menor

¿Tienes razón?

Los menores son perfectamente capaces de adquirir herencias. La ley reconoce que un niño o adolescente puede ser titular de bienes, pero no puede ejercer por sí mismo actos de disposición de patrimonio de alcance significativo; por eso se establece que alguien debe administrar esos bienes hasta que el menor alcance la capacidad legal plena. Lo que determinará la protección efectiva del patrimonio son tres factores esenciales: la voluntad del causante plasmada en el testamento (si se nombró tutor, administrador o fijó restricciones); quién ostenta la tutela o curatela según lo determine la autoridad competente; y la naturaleza de los bienes heredados.

Si existe testamento que nombre un tutor o administrador de bienes para el menor, dicha designación tiene peso en la práctica y orienta la actuación judicial y registral. Si no hay testamento, las reglas de la ley y la intervención del juez de familia o del Registro Civil y la Unidad Judicial correspondiente definirán quién debe asumir la tutela y cómo se administra el patrimonio.

La distinción entre bienes consumibles (dinero, cuentas bancarias) y bienes no consumibles (inmuebles, vehículos) es importante: para disponer o enajenar un inmueble suelo requerirse autorización judicial, mientras que para la administración cotidiana de los recursos se pueden nombrar administradores. Además, cuando existan bienes con rendimiento económico, la administración debe orientarse a su conservación y a obtener beneficios en interés del menor.

Cómo se soluciona

1) Localice el testamento y la documentación del menor. Obtenga la partida de nacimiento del menor, la partida de defunción del causante y el testamento si existe. Busque también títulos de propiedad, certificados bancarios y contratos que formen parte de la herencia.

2) Informe a la autoridad competente. Si el menor queda como heredero, se debe notificar a la autoridad judicial o administrativa que corresponde para que se determine la tutela y la forma de administración patrimonial. En muchas situaciones, la aceptación formal de la herencia y la apertura de la sucesión requieren actuaciones ante el notario o la unidad judicial.

3) Nombramiento de tutor o administrador. Si el testamento ya lo prevé, pida que se respete la designación; si no, el juez nombrará a la persona idónea. La persona encargada debe rendir cuentas periódicas y administrar los bienes con criterios de conservación y beneficio para el menor.

4) Apertura de cuentas y administración separada. Abra cuentas bancarias a nombre del menor o de la administración especial indicada por la autoridad, documentando el origen de los fondos. No mezcle el patrimonio del administrador con el del menor.

5) Planifique el destino de bienes de uso y de capital. Para inmuebles, evalúe si conviene conservarlos, alquilarlos o venderlos bajo autorización judicial. Para inversiones, busque opciones conservadoras y documente todas las decisiones.

Qué puede hacer usted solo: reunir documentos y comunicarse con registro y bancos. Necesitará abogado cuando haya dudas sobre la tutela, cuando existan múltiples herederos con conflictos, cuando la administración proponga actos de disposición relevantes o cuando quiera pedir autorización judicial para vender o hipotecar bienes del menor.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un nombramiento amistoso. Con frecuencia, los familiares cercanos llegan a un acuerdo sobre quién será el tutor y administrador, y gestionan la administración con supervisión judicial mínima. Esta solución evita litigios y simplifica la gestión.

2) Acuerdo judicial o conciliación sobre administración. Si hay desacuerdo entre quienes aspiran a la tutela o sobre el uso de bienes, el juez puede aprobar un plan de administración que satisfaga a las partes. Un acuerdo que contemple rendición de cuentas y límites suele ser más rápido y menos costoso que un litigio contencioso.

3) Disputa y proceso judicial. Si los interesados no se ponen de acuerdo, la vía judicial determinará la tutela y las medidas de protección del patrimonio. Si la persona que administra actúa mal y se prueba, puede ser removida y obligada a reparar daños; si pierde quien reclama, puede cargar con costas. Y si la sentencia ordena venta o reparto, el cobro efectivo dependerá del valor real de los bienes y de su situación registral.

Y si gana, ¿cobra? En materia de administración de bienes de menores, una resolución que reconozca una titularidad o derecho facilita el acceso, pero la ejecución depende de que los bienes existan y estén libres de cargas.

Errores que arruinan el caso

• Mezclar fondos personales con el patrimonio del menor: dificulta la rendición de cuentas y facilita el abuso.
• No documentar ingresos y gastos: la falta de registro puede llevar a que el administrador rinda cuentas insuficientes y pierda credibilidad judicial.
• Vender bienes sin autorización judicial cuando corresponde: puede ser anulado y generar responsabilidades.
• No solicitar nombramiento de tutor ante la autoridad: deja al menor sin protección administrativa clara.
• Ignorar obligaciones fiscales y de mantenimiento del bien: impago de contribuciones o abandono puede depreciar el patrimonio.