Hay una investigación por delitos contra la Seguridad Social por cotizaciones no ingresadas

¿Tienes razón?

La investigación por cotizaciones no ingresadas gira en torno a tres cuestiones: si existieron recursos para pagar y no se hicieron, si hubo un patrón de conducta dirigido a defraudar y si se manipularon planillas o declaraciones. Muchas situaciones que terminan en requerimientos administrativos son incumplimientos por liquidez. La fiscalía se interesa cuando detecta que la empresa recibía ingresos suficientes y eligió no pagar las obligaciones frente a la seguridad social, o cuando hay evidencia de falsificación de planillas, desprendimiento de activos o pagos preferenciales que evidencian intención de ocultar recursos.

Es también relevante la conducta frente a requerimientos previos: si la institución hizo auditorías o envió notificaciones y la empresa no respondió, eso agrava la percepción de dolo. Por otro lado, si se puede demostrar que los fondos se destinaron a cubrir salarios o a sostener la operativa en una crisis y no hubo intención de apropiarse de aportes, la cuestión puede quedar en sanciones administrativas y exigencias de pago.

Cómo se soluciona

1. Reúna planillas de afiliación, formularios presentados a la institución, recibos, movimientos bancarios y comprobantes de pago de salarios. Identifique las diferencias entre lo declarado y lo realmente pagado.

1. Haga un inventario cronológico de ingresos y pagos: quién autorizó los desembolsos y por qué se priorizaron otras obligaciones.

1. Identifique comunicaciones con auditores internos o externos y con la autoridad previsional. Guarde notificaciones y respuestas anteriores.

1. Contrate un contador para preparar una auditoría forense que explique la dinámica financiera y la disponibilidad de fondos en los periodos cuestionados.

1. Si la entidad inicia procedimiento, solicite acceso al expediente, presente la documentación y no declare sin abogado. Si detecta empleados responsables de manipulaciones, actúe internamente y recopile pruebas.

1. Negocie planes de pago o reparación cuando proceda; en ocasiones, regularizar las aportaciones y demostrar intención de cumplimiento mejora la posición frente a sanciones.

Puede usted recopilar documentación y preparar una cronología. Necesita abogado cuando la fiscalía formula cargos, hay medidas cautelares o incautaciones, o cuando le imputan delitos contra la seguridad social.

Qué puede pasar

1. Regularización administrativa: lo habitual es que la entidad exija el pago de aportes atrasados, intereses y sanciones administrativas. La empresa puede acordar planes de pago que eviten mayores consecuencias.

1. Acuerdo con reparación: si la empresa demuestra voluntad de pago y presenta una propuesta de reparación, la fiscalía o la entidad pueden valorar esta conducta positivamente y optar por mecanismos que no impliquen persecución penal intensiva.

1. Investigación penal y proceso: si existen elementos de ocultamiento, simulación de planillas o apropiación de fondos destinados a la seguridad social, la fiscalía puede imputar delitos a responsables concretos. En un proceso penal se pueden imponer sanciones personales y medidas sobre bienes. La posibilidad de ejecutar la reparación depende de la existencia de activos disponibles; una sentencia contra insolventes complica la recuperación.

Si gana la empresa en la vía penal, se elimina la estigmatización jurídica; si pierde, además de sanciones penales, puede afrontar embargos y obligaciones económicas que afecten la continuidad.

Errores que arruinan el caso

• Alterar o “completar” planillas después de recibir requerimiento.

• No conservar registros de pago de salarios y conciliaciones bancarias.

• Transferir fondos a terceros o cuentas personales tras conocer una inspección.

• No responder notificaciones de la institución y dejar pasar instancias administrativas.

• No auditar subcontratistas que administran planillas: la responsabilidad puede recaer en la empresa principal.