Que el SRI inicie una fiscalización no siempre significa que usted esté en falta. Lo que importa es la razón formal que dio el SRI, la amplitud de la revisión y si respetaron sus garantías procesales. Primer paso: revise la notificación de fiscalización y reúna la documentación solicitada y la que demuestre su cumplimiento. Con eso podrá decidir si plantear una controversia administrativa o preparar defensa técnica.
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Tres factores claves definen si una fiscalización del SRI es improcedente o se abrió sin base suficiente. Primero, la competencia y motivación: la notificación debe indicar el objeto de la fiscalización y el periodo sometido a revisión; si la motivación es vaga o la autoridad excede su competencia, hay fundamento para cuestionarla. Segundo, la proporcionalidad: una fiscalización que exige documentación irrelevante o que revisa periodos ya prescritos sin razón aparente puede ser cuestionable. Tercero, las garantías procesales: usted tiene derecho a conocer la causa, presentar pruebas y ser oído; vulneraciones a estos principios pueden invalidar actos posteriores.
No toda fiscalización molesta es ilegal. El SRI tiene potestad para revisar declaraciones y comprobar cumplimientos. Lo que puede ser discutible es la forma o el alcance: por ejemplo, una inspección que exige información claramente protegida o que no respeta límites fijados en la notificación. También es relevante si la revisión responde a criterios objetivos o a actuaciones arbitrarias; esto último es más difícil de probar pero no imposible cuando hay patrones discriminatorios o falta de motivación.
Acciones que puede hacer solo: pedir aclaraciones, entregar documentación organizada y levantar actas de entrega. Donde suele necesitar ayuda: peritajes, impugnaciones formales y demandas judiciales.
1) Se resuelve con un ajuste administrativo. A menudo la fiscalización solo obliga a aclarar partidas o a presentar documentos que la autoridad no había tenido antes. Esto puede terminar sin sanción si la documentación acreditatoria es suficiente.
2) Acuerdo o conciliación. Si hay diferencias técnicas, puede llegar a un acuerdo que evite sanciones mayores; aceptar una corrección administrativa puede ser práctico si evita un litigio incierto.
3) Sanción y juicio. Si la fiscalización concluye con sanciones y el SRI mantiene su postura, puede impugnarse judicialmente. Si se pierde en la vía judicial, la sanción se confirma y, eventualmente, habrá consecuencias económicas y administrativas. Si gana, la actuación puede ser anulada o modificada.
Riesgos: una fiscalización mal defendida puede incrementar la sanción si se descubren inconsistencias en sus documentos o si se hacen admisiones verbales que la autoridad interprete en su contra. También, la administración puede iniciar medidas ejecutivas para cobrar montos si la resolución queda firme.
Puede gestionar la aclaración y entregar documentación por sí mismo. Necesitará abogado si la fiscalización deriva en una propuesta sancionatoria, si hay cuestiones técnicas complejas que requieran peritaje o si quiere impugnar la actuación del SRI ante la vía contencioso-administrativa. Si su situación económica es limitada, explore la Defensoría Pública para orientación; en materia tributaria, un abogado o contador experimentado puede marcar la diferencia en la defensa técnica.
Otros problemas frecuentes en contencioso-administrativo
Depende. Si la información es legítima y relevante para la fiscalización, negarse puede generar sanciones. Si la información es confidencial o solicita datos fuera del alcance notificado, puede objetarla por escrito y pedir que se precise la solicitud.
La autoridad tiene potestad de revisar periodos anteriores, pero la actuación debe estar motivada. Si la fiscalización abre periodos indebidos o prescritos, ese hecho es una defensa válida. Consulte la motivación y pida aclaración por escrito.
Sí, un informe técnico de un contador público que explique criterios contables puede ser determinante para resolver diferencias técnicas y servir como prueba en instancias administrativas y judiciales.
Si la documentación afecta a terceros, evalúe la confidencialidad y solicite que la autoridad precise la pertinencia. En algunos casos es necesario pedir autorización o presentar la información con reservas justificadas.
Sí, si tiene indicios de trato discriminatorio o de actuaciones arbitrarias, documente con pruebas y preséntelo en la impugnación administrativa; si procede, puede llevarlo a la vía contencioso-administrativa.
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