Sospechan que mi empresa usa testaferros

¿Tienes razón?

Que investiguen si su empresa utiliza testaferros depende de tres elementos: la forma en que están formalizadas las participaciones societarias, la dinámica real del control efectivo y la existencia de movimientos patrimoniales que muestren una separación entre titular formal y beneficiario real. Si usted figura solo de nombre pero hay pruebas de que otra persona ejerce el control efectivo y recibe beneficios económicos, la sospecha se refuerza. Por el contrario, si las escrituras, actas, contratos de trabajo, órdenes de pago y la operativa cotidiana coinciden con lo declarado, es más difícil sostener una imputación penal.

Importa también el contexto: el uso de terceras personas para ocultar activos se mira con lupa cuando hay indicios de evasión fiscal, lavado de activos o fraude a terceros. La fiscalía y organismos de control buscan la existencia de una estructura para ocultar patrimonio o recursos ilícitos.

No basta una mera sospecha: la autoridad necesita elementos que prueben que la persona nominal no actúa libremente y que existe una vía de beneficio para un tercero. Por eso la prueba documental y los registros bancarios son decisivos.

Cómo se soluciona

1. Documente la historia societaria. Reúna escrituras, libros de actas, contratos de compraventa de participaciones, poderes otorgados y cualquier documento que explique por qué ciertas personas figuran en roles societarios. Si hubo sucesiones, ventas o cesiones legítimas, obtenga sus soportes.

1. Reúna prueba de gestión efectiva. Junte nóminas, contratos de trabajo, órdenes de compra, correos donde se evidencie quién toma decisiones y quién firma cheques o transfiere fondos. Si usted toma decisiones operativas, que quede constancia.

1. Aclare pagos entre la empresa y terceros. Explique y documente transferencias a personas naturales o empresas vinculadas: contratos de servicios, facturas y recibos deben coincidir con los montos.

1. No utilice estructuras opacas si no están justificadas. Si existen contratos de préstamo entre personas vinculadas, registre las condiciones y pruebe la existencia de respaldo económico real.

1. Si la fiscalía o el órgano de control solicita información, entregue la documentación solicitada y, si recibe citación, comparezca con asesoría. Mantenga copia de todo lo remitido.

1. Considere auditoría externa. Un auditor independiente puede emitir un informe que demuestre la existencia de actividad real y explique flujos financieros.

1. Si hay denuncias concretas, valore medidas corporativas: reestructurar poderes, transparentar beneficiarios finales y actualizar registros mercantiles.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con aclaración documental: muchas investigaciones nacen de informes que parecen extraños hasta que se aportan contratos y facturas. Si la documentación explica la relación entre la persona formal y la beneficiaria, se cierra la pesquisa.

2) Acuerdo o sanción administrativa: la empresa puede afrontar multas o requerimientos de regularización por parte de la autoridad tributaria o de control. Un acuerdo administrativo puede implicar ajustes contables y pagos, evitando así una vía penal.

3) Procedimiento penal: si se demuestra lavado de activos, fraude o uso de testaferros para ocultar bienes ilícitos, la fiscalía puede presentar acusación. En un proceso penal, una condena puede implicar sanciones penales y decretos de extinción de dominio sobre activos vinculados.

Y si gana, ¿cobro? Si la causa ordena restitución o reparación, la ejecución dependerá de la identificación y localización de activos. Si los bienes están gravados o en manos de terceros con apariencia legítima, la recuperación puede ser compleja.

Errores que arruinan el caso

• No documentar contratos entre la empresa y terceros vinculados.
• Mezclar cuentas personales y empresariales sin registros claros.
• No actualizar el registro de la compañía con información real de beneficiarios.
• Ocultar información al auditor o a la autoridad investigadora.
• Firmar declaraciones falsas o aceptar fungir como titular de papel sin respaldo contractual.