El progenitor no paga la pensión de alimentos: cómo reclamarla

¿Tienes razón?

Si existe un título que fija la pensión (convenio homologado, resolución judicial o acta de finiquito ante la autoridad laboral que incluya obligación alimentaria), su posición es fuerte: ese documento es la base ejecutiva para exigir cumplimiento. Si no hay título, igualmente puede reclamar, pero tendrá que probar la obligación y su cuantía ante la autoridad competente. Tres elementos determinan la viabilidad: existencia de título o pruebas de la obligación, documentación de impagos (transferencias faltantes, comunicación escrita) y la situación patrimonial del obligado (ingresos, embargabilidad).

También influye si la obligación fue modificada previamente; si el obligado alega pérdida de ingresos, el juzgado valorará la prueba de esa circunstancia. La prioridad siempre es garantizar el sustento del menor: por ello, la ley dispone de mecanismos para la protección inmediata cuando hay incumplimiento reiterado.

Cómo se soluciona

1) Reúna el título y las pruebas de impago. Copie la resolución judicial, el convenio homologado o el acta que establezca la pensión. Adjunte extractos bancarios, comprobantes de transferencias no realizadas, capturas de pantalla de conversaciones donde se reconoce la deuda y facturas de gastos cubiertos por usted por cuenta del menor.

2) Comunicación fehaciente. Notifique por escrito al progenitor el impago, pida regularización y ofrezca alternativas de pago. Haga la comunicación con constancia: correo certificado, notificación por la autoridad o escrito en la unidad judicial.

3) Solicite medidas provisionales o ejecución. Si existe título, solicite su ejecución ante el juzgado; si no, presente la demanda de alimentos acompañando pruebas de la obligación y del impago. Puede pedirse una medida provisional para asegurar recursos mientras se tramita el fondo.

4) Investigación de ingresos. Pida al juzgado medidas para conocer los ingresos y bienes del obligado: certificados laborales, retenciones, cuentas bancarias. Esa investigación es clave para embargos y medidas cautelares.

5) Embargo y ejecución. Si el juzgado ordena ejecutar el título, procede el embargo de salarios, cuentas u otros bienes embargables. Existen mecanismos preferentes para alimentos.

6) Seguimiento y cobro. Si hay sentencia condenatoria, se inicia la ejecución forzosa; si el obligado está insolvente, la ejecución puede dilatarse. En casos extremos, el incumplimiento reiterado puede dar lugar a sanciones penales o medidas administrativas, según la normativa y la gravedad.

Qué puede hacer usted solo: reunir título y pruebas, notificar al progenitor por escrito y solicitar información sobre ingresos. Cuándo contratar abogado: en ejecución de títulos, cuando el otro progenitor se oculta, o cuando hay necesidad de investigar bienes y solicitar embargos.

Qué puede pasar

1) Solución por acuerdo de pago. Muchas veces el progenitor propone pagar de forma fraccionada; un acuerdo escrito y firmado puede normalizar la situación y evitar juicio. Asegure medios de cobro y garantías.

2) Conciliación supervisada. Un acuerdo homologado judicialmente facilita la ejecución futura y contiene obligaciones claras: fechas, montos y sanciones por incumplimiento.

3) Ejecución judicial. Si se ejecuta el título, el juez puede ordenar embargos sobre salarios, cuentas o bienes. Si el obligado no tiene bienes, la ejecución puede ser lenta; si hay ocultamiento de ingresos, el juzgado puede ordenar medidas para descubrir patrimonio. Si pierde el demandante, podrían imponerse costas según el criterio judicial.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia es título ejecutivo, pero el cobro depende de la existencia de bienes embargables o de retenciones efectivas. En deudores sin patrimonio o ingresos declarados, la sentencia queda como reconocimiento que podrá cobrar si cambian las circunstancias.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comprobantes de impago o no llevar un registro cronológico.
• Aceptar pagos en efectivo sin comprobante ni disposición escrita sobre la deuda total.
• No solicitar medidas provisionales cuando los recursos son urgentes.
• No investigar fuentes de ingreso del obligado antes de aceptar un acuerdo.
• Publicar en redes sociales información que luego pueda ser utilizada en contra de la pretensión.