Convalidar un convenio regulador alcanzado fuera de España

¿Tienes razón?

Si usted y la otra parte firmaron un convenio regulador fuera de Ecuador, su validez aquí depende de tres cosas: que el documento sea auténtico y esté formalmente legalizado (o apostillado), que se haya respetado el debido proceso donde se firmó (es decir, que ambas partes participaron con conocimiento y no hubo fraude) y que su contenido no contravenga el interés superior de los hijos. Ecuador reconoce decisiones extranjeras cuando se cumplen las garantías de autenticidad y de protección de los derechos del menor.

No basta con un acuerdo privado sin formalización. Para que un convenio tenga efectos ejecutivos en Ecuador debe ser presentado ante la autoridad judicial o administrativa competente y, en su caso, homologado o reconocido por la unidad judicial. Si el convenio fue firmado en un país que aplica medidas de protección equivalentes y ambos progenitores comparecieron con asesoría, su reconocimiento será más directo. Si en cambio el convenio limita derechos fundamentales de uno de los progenitores o fue firmado bajo presión, el juez puede anularlo o modificarlo.

Otros factores: la nacionalidad y la residencia de las partes pueden influir en la vía procedimental, así como la existencia de sentencias previas sobre custodia o protección emanadas de Ecuador.

Cómo se soluciona

1) Reúna y regularice el documento.

• Obtenga el convenio original firmado. Si está en otro idioma, haga traducción oficial por traductor autorizado.
• Legalice el documento según las formalidades del país de origen (legalización o apostilla) para que tenga fe pública en Ecuador.

2) Presente el convenio ante la autoridad competente en Ecuador.

• Lleve el convenio a la unidad judicial de familia o a la instancia administrativa que corresponda para solicitar su reconocimiento o homologación. Adjunte pruebas de que el convenio protege el interés del menor: certificados médicos, escolares y cualquier documento que justifique las medidas acordadas.

3) Solicite homologación o reconocimiento.

• El tribunal verificará autenticidad y contenido y decidirá si homologarlo. En algunos casos el juez puede pedir que se complemente con peritajes o informes sobre idoneidad.

4) Ejecución y control.

• Si el convenio se homologa, tendrá efectos ejecutivos en Ecuador. Si la otra parte no cumple, puede solicitar ejecución de lo acordado ante los tribunales.

Qué puede hacer por su cuenta: obtener el convenio original, apostillarlo o legalizarlo y traducirlo. Para la presentación y la defensa del reconocimiento es recomendable un abogado que conozca la práctica de las unidades judiciales y la prueba necesaria.

Qué puede pasar

1) Se arregla con ratificación administrativa o notarial. A veces las partes confirman el convenio ante una autoridad consular o notarial en Ecuador y la unidad judicial lo toma en cuenta, simplificando el trámite.

2) Homologación en sede judicial. El juez puede homologar el convenio, dándole fuerza ejecutiva. Un convenio homologado evita la necesidad de iniciar un proceso completo sobre custodia y facilita la ejecución en caso de incumplimiento.

3) Impugnación y juicio. Si alguien impugna la validez del convenio (por ejemplo, alegando vicios en el consentimiento), el tribunal puede abrir un procedimiento para revisar su contenido y, si procede, modificar o anular lo acordado. Si pierde el que reclama la homologación, puede quedar sin efectos en Ecuador y quedar con una solución más débil para ejecutar derechos aquí.

Y si gana, ¿cobro? En estos asuntos lo relevante es la efectividad de las medidas (custodia, visitas, pensión). La homologación facilita la ejecución; sin embargo, si la contraparte carece de medios o está en otro país que no coopera, ejecutar las obligaciones materiales puede ser difícil.

Errores que arruinan el caso

• Presentar un convenio sin legalización o sin traducción oficial.
• No conservar el original firmado por ambas partes.
• No acreditar que se respetaron las garantías procesales en el país de origen.
• Firmar un convenio en el extranjero sin asesoría y luego intentar homologarlo aquí sin prueba de información y consentimiento.
• No incluir cláusulas prácticas (lugares de residencia, fechas de visitas, mecanismo de solución de controversias) que faciliten su ejecución.