Me imputan por administración desleal en la empresa

¿Tienes razón?

La administración desleal se evalúa por la conducta del administrador en el ejercicio de sus funciones: si actuó con abuso de facultades, negligencia grave o con intención de perjudicar el patrimonio de la sociedad. Tres elementos clave pesan en la valoración: la facultad de decisión que tenía (estatutos, poderes y actas de nombramiento), si sus decisiones fueron tomadas siguiendo criterios empresariales razonables y documentados, y si existe un resultado patrimonial negativo directamente relacionado con su actuación.

Decisiones empresariales que fracasaron por riesgo comercial no siempre son administración desleal: la ley distingue entre gestión empresarial arriesgada y conducta reprochable cuando falta justificación, se ocultan intereses personales o se actúa contraviniendo el interés social. Si sus decisiones estuvieron respaldadas por informes técnicos, aprobadas en acta y fueron comunicadas a la junta, su exposición penal se reduce. Si, en cambio, hay transferencias a empresas vinculadas sin contrato, desviación de recursos para beneficio propio o ocultamiento de información contable, la imputación se vuelve seria.

Cómo se soluciona

1. Reúna actas, informes y correos que muestren el proceso de decisión. Documente reuniones, votaciones y opiniones técnicas que sustentaron la estrategia empresarial. Esto muestra que las decisiones siguieron procedimiento.

1. Obtenga documentos que muestren la independencia de criterio: estudios de mercado, cotizaciones, auditorías internas o externas que respaldan la estrategia. Un informe técnico o comercial puede justificar decisiones impopulares.

1. Identifique conflictos de interés y prueba su transparencia. Si hubo relaciones con terceros, busque contratos, autorizaciones de la junta o informes que acrediten que la operación fue conocida y aprobada.

1. Pida peritajes contables y económicos que midan el daño y expliquen si las pérdidas obedecen a una mala praxis o a condiciones de mercado. Un peritaje económico puede distinguir entre riesgo empresarial y conducta punible.

1. Si la empresa ya inicia acciones civiles o disciplinarias, deje constancia de su disposición a colaborar y ofrezca documentación. Negociar una reparación parcial puede evitar la escalada penal.

1. Separe lo que puede hacer solo y lo que necesita abogado. Usted puede recopilar documentación interna y preparar una cronología de decisiones. Un abogado es necesario para coordinar peritajes, presentar descargos ante Fiscalía y preparar la defensa técnica en audiencias.

Qué puede pasar

1) Resolución sin proceso penal: si la documentación y los peritajes muestran que las decisiones fueron técnicamente justificables y que no hubo ánimo de lucro personal, la investigación puede cerrarse sin cargos penales. En muchos casos, una buena explotación de la prueba documental evita la acción penal.

2) Acuerdo o reparación: la empresa puede optar por una solución extrajudicial, la restitución parcial del daño o la renuncia a acciones penales a cambio de medidas compensatorias o de separación del cargo. A veces, aceptar una reparación reduce el conflicto y evita una larga exposición judicial.

3) Proceso penal: si hay indicios de abuso de facultades, enriquecimiento personal o desviación patrimonial, la Fiscalía puede formular cargos. En juicio, la clave será la prueba pericial que vincule su conducta con el daño y la demostración de intencionalidad. Si se obtiene condena, la consecuencia puede incluir sanciones penales y obligación de reparar el daño.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable restituye su situación jurídica; la recuperación del daño depende de la solvencia de la parte contraria. Si la sociedad está en crisis financiera, la ejecución civil puede resultar dificultosa.

Errores que arruinan el caso

• Ocultar o no entregar actas y documentación que prueban la aprobación de decisiones. La falta de transparencia alimenta la sospecha.
• No documentar el proceso de toma de decisiones: decisiones sin respaldo técnico ni ofertas comparativas son difíciles de justificar.
• Actuar en beneficio de empresas vinculadas sin registro o autorización: eso parece conflicto de interés y facilita una imputación.
• Ignorar la posibilidad de un peritaje independiente: no solicitarlo deja sin defensa técnica la causa económica.
• Responder públicamente sin coordinar la defensa: declaraciones imprudentes dañan su posición.