Soy menor y me acusan de tráfico de drogas: ¿qué medidas pueden aplicarme?

¿Tienes razón?

Que te acusen de tráfico siendo menor no significa que se te trate igual que a un adulto. Lo que determina las medidas son:

1. La edad del menor al momento del hecho: las normas juveniles aplican a quienes están dentro del rango que establece la ley para responsabilidad penal adolescente. Esa edad configura la competencia del Juzgado de Garantía de menores y del sistema de justicia juvenil.
2. La gravedad y características del hecho: la existencia de pruebas que muestran comercialización, organización o violencia pueden llevar a medidas más severas.
3. La situación personal del menor: antecedentes previos, entorno familiar, condiciones socioeconómicas y riesgo de reincidencia influyen en las medidas que dictará la autoridad.
4. Participación efectiva del menor: si se demuestra que fue utilizado por adultos o coaccionado, la valoración cambia y la respuesta tiende hacia protección y medidas socioeducativas.

El sistema busca medidas proporcionales que apunten a la reinserción, pero también contempla medidas privativas de libertad en casos graves.

Cómo se soluciona

1. Notifica a un abogado especialista en justicia juvenil o a la Defensoría Penal Pública Juvenil. La representación letrada es básica desde la primera citación; el defensor conoce las particularidades del sistema y las medidas alternativas.

1. Informa a la familia o tutor legal. La presencia de un adulto responsable es clave para garantizar derechos y para aportar antecedentes de arraigo y conducta del menor.

1. Reúne documentación que acredite circunstancias favorables. Certificados escolares, informes de trabajo de los padres, constancias de atención médica o psicológica y cualquier prueba que muestre que el menor no estaba en situación de liderar una actividad criminal son relevantes.

1. Si hay vicios en la detención o en la toma de la declaración, denúncialos. Declaraciones obtenidas sin cumplimiento de formalidades o sin presencia de representante legal pueden ser impugnadas.

1. Propón medidas alternativas. En muchos casos las autoridades aceptan medidas socioeducativas, programas de tratamiento, supervisión familiar o libertad bajo condiciones que evitan la internación.

1. Preparar defensa técnica para mostrar coacción o rol menor en la actividad. Si hay pruebas de que el menor fue usado por adultos, eso modifica drásticamente la valoración judicial.

Qué puedes hacer ahora sin abogado: contactar a la Defensoría Penal Pública Juvenil o a un abogado y recopilar certificados escolares o de conducta que muestren el entorno del menor.

Qué puede pasar

1. Medidas socioeducativas o de intervención familiar: en muchos casos se impone una medida que combina supervisión, orientación y programas de reinserción en lugar de internación.

1. Internación en centro especializado: si los hechos son graves y existe riesgo para la comunidad o peligro de fuga, el tribunal puede ordenar internación en un establecimiento especializado. Esa medida es excepcional y se fundamenta en la gravedad y en la necesidad de protección.

1. Procesamiento penal juvenil con sanciones más severas: para hechos particularmente graves, el sistema dispone sanciones que pueden restringir la libertad. En cualquier caso, la intervención busca proporcionalidad y principios de la ley juvenil.

Si el menor obtiene resolución favorable, las medidas suelen priorizar la contención y el regreso a la comunidad. Si obtiene una medida privativa, existe la posibilidad de recursos para revisarla.

Errores que arruinan el caso

1. No asegurar la presencia de un adulto responsable o abogado en declaraciones: la ausencia reduce la posibilidad de impugnar irregularidades.
2. Minimizar la importancia de la evidencia técnica: pruebas como registros de comunicaciones, decomisos y controles forenses son clave y deben ser analizadas por un especialista.
3. No explorar la hipótesis de coacción o uso por mayores: a menudo los menores son instrumentos; no investigarlo empobrece la defensa.
4. No presentar informes psicosociales o escolares que muestren potencial de reinserción: esos documentos ayudan a persuadir al tribunal de medidas no privativas.
5. Dejar pasar recursos administrativos o judiciales sin acción: en la justicia juvenil las revisiones y recursos son herramientas para limitar medidas severas.