Recurso ante una inspección ambiental que exige peritaje: ¿qué pasos seguir?

¿Tienes razón?

Cuando la autoridad ambiental solicita un peritaje, la situación se juzga por tres elementos: quién ordenó y cómo se formalizó la exigencia; el alcance técnico de lo que se pide; y la titularidad de las obligaciones (propietario, poseedor, operadora). Si la orden viene firmada por el inspector competente y es expresa en papel o mediante notificación electrónica válida, la exigencia tiene fuerza administrativa. Pero eso no convierte cualquier informe en prueba definitiva: importa quién paga y nombra al perito, qué metodología se sigue y si a ti se te da la oportunidad de participar o proponer expertos.

Tu posición mejora si puedes demostrar que cumpliste normas de manejo, si cuentas con análisis previos de control interno, y si la autoridad no especificó criterios técnicos claros. Si la orden es ambigua, se sobrepasa la competencia del inspector o vulnera tu derecho a presentar contrapruebas, hay base para impugnar la exigencia. Si, por el contrario, hay indicios técnicos graves (olor fuerte, manchas visibles, denuncias vecinales con evidencia) la petición de peritaje suele ser procedente.

Cómo se soluciona

1. Conserva la notificación original tal cual: guarda el documento físico o el correo electrónico y anota la fecha y modo de entrega. Si la entrega fue verbal, pide que te la formalicen por escrito. El registro es la base de todo recurso posterior.

1. Reúne la documentación técnica y administrativa que tengas: permisos ambientales, certificados de conformidad, planes de manejo, registros de muestreo interno, fichas de manejo de sustancias, contratos con empresas tercerizadas, bitácoras de operación y fotografías. Exporta conversaciones relevantes (mensajes, correos), y asegúrate de que los archivos no dependan solo de una app del teléfono.

1. Solicita por escrito la aclaración del alcance del peritaje: qué parámetros se medirán, qué unidades y normas se usarán, si el muestreo es único o repetido, y quién nombrará al perito. Pide que se permita la presencia de un profesional tuyo durante el muestreo y que se registre la cadena de custodia de las muestras.

1. Si la autoridad designa perito público o independiente, pide copia del protocolo de muestreo y del informe preliminar cuando exista. Si la propuesta es que el peritaje lo pague la parte interesada, consulta la justificación legal y reclama proporcionalidad y transparencia en la elección del laboratorio o perito.

1. Prepara un recurso administrativo —o la impugnación que proceda— en el que expongas: falta de motivación técnica en la orden, defectos en la designación del perito, problemas en el protocolo de muestreo, o vulneración de tu derecho a presentar contrapruebas. Adjunta toda la documentación técnica que reúnas.

1. Paralelamente, encarga tu propio peritaje técnico con laboratorio acreditado para que pueda compararse metodológicamente con el solicitado por la autoridad. Si no puedes costearlo, evalúa solicitar medidas probatorias alternativas ante la misma autoridad o apoyarte en asesoría técnica pública.

1. Si la impugnación administrativa no prospera y la resolución produce sanciones o medidas que consideras arbitrarias, considera acudir a la vía jurisdiccional adecuada para proteger tus derechos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con aclaración o complemento. Con frecuencia la situación se resuelve cuando la autoridad aclara el alcance del peritaje, corrige el protocolo de muestreo o acepta que el actor presente contrapruebas. Es un resultado habitual y rápido si la comunicación se maneja con detalle técnico y formalidad.

2) Acuerdo o procedimiento de subsanación. La autoridad puede ofrecer medidas de mitigación o un plan de remediación administrativamente negociado. Firmar un acuerdo puede ser conveniente si el plan es proporcional, está bien definido técnicamente y no incluye admisiones injustificadas. Un acuerdo con términos claros suele ser más práctico que litigar una diferencia técnica incierta.

3) Resolución administrativa y posible sanción, seguida de litigio. Si la autoridad mantiene la exigencia y la resolución impone medidas o sanciones, tendrás la opción de impugnarla en sede administrativa o judicial. En ese escenario, si pierdes la impugnación, la sanción se ejecutará; si ganas, la resolución puede ser dejada sin efecto. Importante: una sentencia favorable no garantiza que cobres costos si la otra parte es insolvente; si pierdes, podrías cargar con costas o con el pago de peritajes que la autoridad ordenó, según cómo se resuelva.

Y si ganas, ¿cobras? La reversión de gastos y sanciones depende de la vía y de la solvencia de la administración o tercero; muchas veces lo ganado es principalmente la eliminación de la medida, no una compensación económica automática.

Errores que arruinan el caso

• No conservar la notificación original o dejar caducar la posibilidad de contestarla por escribir. Sin el documento quedan dudas sobre lo que se exigió.

• Permitir muestreos sin presencia técnica propia ni registro de cadena de custodia. Eso hace que después sea muy difícil impugnar la validez de resultados.

• No pedir por escrito el protocolo de muestreo o aceptar métodos vagos. Si el método no cumple normas técnicas, pierdes la discusión técnica.

• Firmar actas de conformidad que admiten hechos que no fueron verificados. La firma sirve de evidencia y puede cerrar la puerta a defensas posteriores.

• Retrasar la contratación de asesoría técnica cuando el asunto es complejo. En problemas ambientales, la experticia técnica es la pieza central de la defensa.