Qué hacer si te han estafado por un falso profesional médico

¿Tienes razón?

Tu posición depende de tres ejes: si la persona ofrecía prestaciones que requieren habilitación, si hay prueba de la prestación y del pago, y si existe daño o riesgo derivado del tratamiento. En Chile, ciertas prácticas sanitarias exigen matrícula o registro profesional; si el supuesto profesional no la tiene, su actuación puede constituir delito y falta administrativa ante las autoridades de salud.

La boleta o factura, el contrato o consentimiento informado, fotos del espacio, testimonios de otras víctimas y registros de pago constituyen prueba valiosa. Si sufriste lesiones o efectos adversos, los informes médicos que documenten el daño son fundamentales: un informe clínico posterior que describa lesiones atribuibles al tratamiento refuerza la denuncia.

También es relevante la forma en que ofrecía el servicio: si se anunciaba con supuestas credenciales, diplomas o sellos falsificados, eso aporta elementos de engaño. Si la persona pertenece a una clínica o centro con RUT y estructura en Chile, caben reclamaciones administrativas y civiles contra la entidad.

Cómo se soluciona

1) Documenta el daño y la prestación (puedes iniciar tú): guarda boletas, recetas, fotos del lugar, publicidad y mensajes. Solicita una segunda valoración médica en un centro legítimo y pide informe clínico que describa el daño, tratamiento y posibles secuelas.

2) Pide a quien te atendió toda la documentación que acredite su habilitación (puedes pedirlo, pero la respuesta puede ser evasiva). Si no responde o entrega títulos falsos, eso será un elemento de la denuncia.

3) Denuncia ante la Fiscalía y ante la autoridad sanitaria competente (será necesario presentar denuncia formal): la Fiscalía puede investigar penalmente por estafa, ejercicio ilegal de la profesión o lesiones, según el caso. La autoridad sanitaria puede imponer sanciones administrativas y clausuras si hay infracción a normas sanitarias.

4) Reclamo ante el SERNAC si hubo práctica comercial engañosa (lo puedes hacer tú): si el servicio se comercializó como prestado por un profesional habilitado y no lo era, existe un componente de protección del consumidor.

5) Acción civil por daños y perjuicios (necesitas abogado): si existe daño físico o patrimonial, demanda civil para reparación y eventualmente solicitud de medidas cautelares sobre bienes de la persona o la clínica.

6) Considera denuncias ante colegios profesionales (necesitas abogado o lo puede presentar otra persona): si la persona usó credenciales de un colegio, informa al colegio profesional correspondiente; ellos suelen colaborar con la identificación de usurpaciones de títulos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con devolución y disculpa. En algunos casos la persona o la clínica ofrece devolver parte del dinero y asumir un acuerdo para evitar el proceso público. Un acuerdo puede incluir pago por tratamiento correcto.

2) Acuerdo o conciliación. Puede haber negociación para recibir compensación económica y tratamientos correctivos. Un acuerdo con garantías escritas y plazos de pago puede ser práctico si la contraparte demuestra capacidad de pago.

3) Juicio penal y civil. La Fiscalía puede perseguir delitos como estafa o ejercicio ilegal de la profesión; si se demuestra culpabilidad, las sanciones penales se suman a la reparación civil. En el proceso civil, la sentencia puede ordenar la indemnización y permitir la ejecución sobre bienes. Si la persona es insolvente, la efectividad de la sentencia es limitada.

Y si ganas, ¿cobras? La sentencia solo se ejecuta si hay bienes o ingresos del demandado; la verificación patrimonial previa ayuda a decidir si iniciar juicio es razonable.

Errores que arruinan el caso

• No buscar atención médica legítima inmediatamente: demora en documentación del daño dificulta atribuir las lesiones al falso profesional.
• Destruir boletas, recetas o evidencias del tratamiento.
• Aceptar cheques sin fondos o promesas de pago verbales sin garantía escrita.
• Firmar documentos de renuncia o conciliaciones sin asesoría legal, que limiten acciones futuras.
• No denunciar a la autoridad sanitaria: una denuncia administrativa puede impedir que sigan atendiendo a otras personas.