Me han abierto diligencias por fraude fiscal

¿Tienes razón?

La fortaleza de una investigación por fraude fiscal se mide por tres ejes: 1) la existencia de documentación que acredite omisiones o falsedades en declaraciones tributarias (facturas no respaldadas, boletas apócrifas, contabilidad alterada); 2) la trazabilidad patrimonial y contable que muestre la relación entre operaciones y ganancias; y 3) la intención de ocultar ingresos o evadir impuestos. La diferencia entre un error contable y un fraude radica precisamente en la voluntad deliberada de defraudar al fisco.

El ente que investiga puede ser tanto la fiscalía como el Servicio de Impuestos Internos en el ámbito administrativo. A menudo ambas vías se solapan: un expediente tributario puede derivar en diligencias penales si hay sospecha de conducta dolosa. Los indicios que suelen impulsar la investigación son facturas por operaciones inexistentes, uso de boletas o sociedades pantalla y desvíos patrimoniales que no concuerdan con los registros contables.

Cómo se soluciona

1. No destruyas ni manipules registros. Conservar la documentación completa es vital. Alterar o eliminar pruebas empeora la situación y puede dar origen a cargos adicionales.

1. Consulta con un abogado penalista con experiencia en derecho tributario y con un contador forense. Esta combinación permite revisar la contabilidad, preparar defensa técnica y proponer diligencias que expliquen discrepancias.

1. Solicita copia de los antecedentes, querellas o informes que motivaron las diligencias. Identificar exactamente qué operaciones se cuestionan es esencial.

1. Reúne documentos probatorios: contratos, guías de despacho, facturas, libros contables, balances, extractos bancarios, y cualquier comprobante que acredite la realidad de las operaciones. Exporta correos y comunicaciones que expliquen operaciones comerciales.

1. Plantea peritajes contables o auditorías independientes que clarifiquen el flujo de fondos y la congruencia entre contabilidad y realidad económica.

1. Si procede, regulariza errores formales ante el Servicio de Impuestos Internos con asesoría técnica. En algunos supuestos la regularización tributaria puede mitigar consecuencias administrativas, aunque no siempre elimina el riesgo penal.

1. Preparar la estrategia procesal: solicitar diligencias, impugnar informes, plantear nulidades procedimentales o bien negociar salidas cuando la fiscalía admite alternativas.

Qué puede pasar

1) Se arregla con regularización tributaria: en investigaciones administrativas se pueden corregir declaraciones y pagar las diferencias. Esto a veces mitiga el interés penal, dependiendo de si hay indicios de dolo.

2) Acuerdo o salida negociada: en causas penales, la fiscalía puede considerar alternativas si la evidencia de dolo no es concluyente y existen atenuantes. Un acuerdo reduce incertidumbre, pero requiere valorar consecuencias fiscales y penales.

3) Juicio penal: si hay elementos que prueban la conducta dolosa, el asunto puede llegar a juicio. Una condena penal por fraude fiscal conlleva sanciones y posibles efectos patrimoniales. Además, una causa penal no siempre garantiza la recuperación de impuestos; para eso existe la vía administrativa y la ejecución fiscal.

Importante: incluso si se logra una absolución penal, la administración tributaria puede seguir requiriendo ajustes o cobros en sede administrativa o civil.

Errores que arruinan el caso

• Eliminar facturas, boletas o correos electrónicos para “limpiar” la contabilidad.
• No contar con asesoría técnico-tributaria desde el inicio; la defensa sin peritaje contable es débil.
• Firmar declaraciones complementarias sin valorar implicancias penales.
• No documentar operaciones con terceros: contratos, guías de despacho y comprobantes bancarios son claves.
• Tratar la causa solo como un problema administrativo cuando existen indicios de dolo: la falta de respuesta efectiva a tiempo agrava las consecuencias.