Mi expareja no paga la pensión de alimentos

¿Tienes razón?

Para evaluar tu caso necesitas confirmar tres hechos: que existe una obligación de pago (sentencia, acuerdo o causal legal), que se ha incumplido (falta de transferencias, cheques rechazados, pagos parciales) y qué pruebas tienes del incumplimiento. Si no hay una resolución escrita previa pero hubo un acuerdo verbal, la reclamación es más difícil, aunque no imposible: conviene documentar la práctica reiterada de pagos y la promesa escrita si existe.

La existencia de un título ejecutivo (resolución judicial o acuerdo judicial homologado) facilita la ejecución. Si solo hay un acuerdo privado entre ustedes, el trámite puede requerir que primero el tribunal lo confirme o que se inicie un proceso declarativo. También es relevante si la persona que debe pagar vive fuera del país, tiene empresa, o muestra intención deliberada de ocultar bienes; cada escenario cambia la estrategia de cobro.

Cómo se soluciona

1. Reúne prueba de la obligación y del incumplimiento. Copias de la sentencia o acuerdo, boletas de pago anteriores, transferencias bancarias, capturas de pago, mensajes donde reconoce deuda, recibos, y cualquier comunicación. Si no tienes un título judicial, guarda todos los recibos que muestren pagos anteriores y cualquier prueba de promesas de pago.

1. Intenta un requerimiento formal. Envía una carta o correo con acuse de recibo reclamando los montos impagos y proponiendo un plan de pago. Esto sirve como antecedente en caso de que lleves la reclamación al tribunal.

1. Presenta la reclamación en el Tribunal de Familia. Si existe una sentencia anterior, puedes solicitar ejecución de la misma. Si no, pide que se reconozca la obligación y se condene al pago. Adjunta toda la documentación y solicita medidas de apremio si el incumplimiento es evidente.

1. Medidas de apremio y garantías. El tribunal puede ordenar retenciones de sueldo, embargos, multas por incumplimiento o incluso medidas cautelares. Si hay riesgo de que la persona oculte bienes, pide al tribunal diligencias para identificar cuentas o salarios.

1. Ejecución y seguimiento. Si el tribunal dicta órdenes de retención o embargos, el cobro depende de la existencia de ingresos o bienes embargables. Si el obligado es insolvente, la sentencia puede quedar como reconocimiento de deuda, que se cobrará cuando aparezcan bienes.

Acciones que puedes hacer ya: organiza un historial de pagos e impagos por fecha, solicita a tu banco o al deudor comprobantes y solicita asesoría en la Corporación de Asistencia Judicial si no puedes pagar un abogado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo de pago. Suele ocurrir: la presión documental y la posibilidad real de ejecución llevan a ofertas de pago en cuotas. Un acuerdo escrito y firmado, idealmente homologado en tribunal, protege y permite ejecución futura si hay incumplimiento.

2) Conciliación en Tribunal de Familia. El tribunal mediará y puede fijar plazos y montos. Un acuerdo judicializado facilita acciones de apremio si vuelve a incumplir.

3) Juicio y ejecución. Si hay sentencia a tu favor, el tribunal puede ordenar retenciones de sueldo y embargos. Si pierdes, la reclamación puede ser desestimada por falta de prueba o por considerar que la deuda no está debidamente acreditada. Si ganas, cobrar depende de la existencia real de bienes o ingresos que permitan ejecutar la orden.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia facilita mecanismos de cobro, pero no garantiza el efectivo: si el obligado no tiene ingresos ni bienes embargables, la deuda queda registrada y se podrá intentar ejecutar en el futuro o negociar un acuerdo de pago.

Errores que arruinan el caso

• No guardar el historial de pagos e impagos: sin fechas claras, el tribunal lo complica.
• Creer que reclamar en privado bastará: sin documento escrito es más difícil obligar al pago.
• Aceptar pagos en efectivo sin recibo firmado: dificulta probar cumplimiento parcial.
• Retrasar la reclamación hasta que la deuda sea enorme sin tomar medidas intermedias.
• No explorar alternativas de cobranza, como retención de remuneraciones o acuerdos homologados.