Protección de patrimonios de personas incapacitadas: ¿qué hacer?

¿Tienes razón?

Proteger el patrimonio de una persona incapaz es obligación legal y práctica del curador y, en su defecto, del juez. Tres elementos definen la acción necesaria: quién administra actualmente los bienes; si existe riesgo de disposición o fraude; y la identidad de los acreedores o reclamantes. Si la persona ya tiene curador, ese curador debe rendir cuentas y actuar con diligencia. Si no hay curador y se detecta riesgo de dispersión de bienes, cualquier interesado puede pedir medidas judiciales para proteger el patrimonio.

La ley y la práctica judicial priorizan la protección de los intereses económicos de la persona incapaz. Eso incluye inventarios, valuaciones, imposición de medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles y, en algunos casos, la exigencia de garantías o cauciones para el ejercicio de determinadas facultades. El principio guía es la conservación del patrimonio y la satisfacción de las necesidades del sostén vital de la persona.

Cómo se soluciona

1. Solicitar inventario y documentación registral: si existe la mínima sospecha de riesgos, pedí al juzgado que ordene inventario de bienes y la presentación de títulos y documentación bancaria. El inventario es la base para cualquier medida ulterior.
2. Proponer medidas cautelares: pedí la inhibición de transferencias en registros públicos o el bloqueo de cuentas cuando exista riesgo de disposiciones inminentes. Acompañá la solicitud con indicios concretos de riesgo (por ejemplo, movimientos atípicos en cuentas, ventas recientes o intenciones de disponer bienes).
3. Rendir cuentas periódicamente: el curador debe presentar ante el juzgado el detalle de ingresos y gastos. Si sos el curador, organizá comprobantes, extractos bancarios y recibos de pago para respaldar cada movimiento. Si no sos curador, solicitá al juez que exija rendición.
4. Administrar en beneficio de la persona: los gastos deben orientarse a la salud, vivienda y subsistencia. Evitá erogaciones que no guarden relación con las necesidades o que beneficien a terceros sin justificación documental.
5. Evaluar la necesidad de medidas administrativas: en algunos casos, es conveniente notificar a organismos como ANSES o bancos para que adopten medidas de control sobre el cobro de prestaciones o la administración de cuentas.
6. Si hay conflicto, pedir intervención de peritos contables: cuando la administración es cuestionada, el juzgado puede ordenar pericias contables para determinar desvíos o irregularidades.

Qué podés hacer ahora: requerí copia de títulos y extractos bancarios en la medida en que te correspondan; si existiera riesgo concreto, presentá un escrito solicitando medidas cautelares y un inventario judicial.

Qué puede pasar

1) Resolución administrativa interna: el curador rinde cuentas y el patrimonio se administra sin mayores intervenciones. Esta vía es la ideal cuando la administración es transparente y orientada al bienestar de la persona. Evita litigios costosos.

2) Acuerdo entre partes con supervisión judicial: las familias a menudo pactan un plan de administración que el juez valida. Esto permite combinar control judicial y gestión práctica sin un proceso largo.

3) Litigio por malversación o disposición indebida: si hay indicios de manejo irregular, el juzgado puede ordenar peritajes y, si corresponde, iniciar acciones para revertir actos fraudulentos y exigir responsabilidad al administrador. En este escenario puede exigirse reparación y, eventualmente, denuncias ante autoridades competentes.

Y si ganás, ¿cobrás? La recuperación de bienes depende de la existencia de patrimonio y de la posibilidad de revertir actos. Una sentencia favorable puede ordenar restituciones, pero la efectividad práctica exige que existan bienes o terceros con obligación de responder.

Errores que arruinan el caso

• No exigir inventario desde el inicio: facilita la desaparición de documentación clave.
• Mezclar cuentas personales con las de la persona protegida: complica la rendición de cuentas y genera sospechas de mal uso.
• No conservar comprobantes y extractos: sin prueba documental es difícil demostrar la correcta administración.
• Permitir disposiciones verbales o acuerdos informales sin constancia judicial: las operaciones deben quedar registradas para ser válidas ante el juez.