El otro progenitor no paga la pensión de alimentos

¿Tienes razón?

Para saber si tenés razón en reclamar hay que comprobar tres cosas. Primero, si existe un título que fije la obligación: sentencia o convenio homologado hacen la posición más fuerte porque son títulos ejecutivos; un acuerdo privado también sirve, aunque requiere probarse. Segundo, si hubo incumplimiento: necesitás pruebas de transferencia fallida, de pagos parciales o de falta de pago total. Tercero, la conducta del deudor: si hay ocultamiento de ingresos, evasión o desplazamiento de bienes, esto agrava la situación y abre la puerta a medidas ejecutivas más severas.

Si el alimentante se negó a pagar sin explicación, el hecho en sí habilita reclamo. Si alega imposibilidad, eso no extingue la obligación; lo que corresponde es que lo pruebe y que se evalúe la posibilidad de un plan de pago. La existencia de una deuda acumulada también es relevante al momento de calcular intereses o de solicitar medidas cautelares.

Cómo se soluciona

1) Documentá la obligación y el incumplimiento. Localizá el convenio, la sentencia o cualquier comprobante de la obligación. Reuní extractos bancarios, constancias de depósitos o de transferencias fallidas, y guardá mensajes y comprobantes relacionados con el pago. Si recibiste pagos parciales, anotá fechas y montos.

2) Intimación fehaciente. Mandá una carta documento o telegrama notificando el incumplimiento y requiriendo el pago. La intimación sirve para dejar constancia y como paso probatorio. Si el alimentante vive en otra jurisdicción, la intimación sigue siendo útil para activar medidas.

3) Mediación o negociación. Proponé un encuentro de mediación o una propuesta escrita de un plan de pagos. La mediación facilita soluciones flexibles y, si el resultado se homologa, adquiere fuerza ejecutiva.

4) Ejecutar el título. Si no hay respuesta, iniciá la ejecución del título ante el juzgado de familia: se puede solicitar el embargo de salarios, cuentas bancarias y otros bienes. La ejecución es el camino para transformar la deuda en efectos concretos.

5) Medidas adicionales y quejas administrativas. En casos graves, se puede solicitar que se investiguen ingresos y bienes, pedir la participación de organismos que regulan el cumplimiento (según jurisdicción) o, en situaciones extremas, pedir medidas de apremio que el juez estime pertinentes.

Qué podés hacer solo y cuándo buscar profesional: Podés reunir la prueba y enviar la intimación por tu cuenta; podés intentar la mediación sin abogado en algunas sedes. Necesitás un abogado para iniciar ejecución, para solicitar embargos o medidas cautelares, o si el alimentante tramita recursos y objeta jurisdicción o capacidad.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo extrajudicial. Muchas obligaciones se regularizan con una intimación fehaciente seguida de una propuesta concreta: el alimentante acepta un plan de pagos o hace un pago adelantado y se evita la carga del juicio.

2) Acuerdo o conciliación en mediación. En mediación se puede obtener un convenio que incluya plazos y garantías; si se homologa, se convierte en título para futuros incumplimientos.

3) Juicio y ejecución. Si la vía judicial prospera, el juez puede ordenar embargos, retenciones de haberes o medidas que aseguren el pago. Si el deudor no tiene bienes líquidos, la ejecución puede complicarse y la efectividad del cobro dependerá de la existencia de bienes embargables.

Y si ganás, ¿cobrás? Obtener una resolución a favor te permite exigir el cobro, pero la efectividad del cobro depende de la situación patrimonial del alimentante. En algunos casos la ejecución resulta efectiva; en otros, la sentencia queda reconocida pero con cobro dificultoso si el deudor es insolvente.

Errores que arruinan el caso

• No probar el incumplimiento: sin extractos o comprobantes, el reclamo es más débil.
• Aplazar la intimación fehaciente: esperar demasiado sin dejar constancia dificulta la ejecución posterior.
• Confundir debilidad económica con inexistencia de obligación: no aceptar la carga de prueba propia.
• Emprender acciones que perjudiquen al menor: confrontaciones públicas o medidas que terminen afectando al niño dañan la posición ante el juez.
• No considerar la mediación cuando es obligatoria: obviar pasos procesales puede demorar la resolución.