Si te comunican una posible incompatibilidad con otra actividad privada puedes enfrentarte a sanciones, obligación de cesar o devolución de percepciones. Riesgos: pérdida de ingresos, sanciones administrativas y limitación para seguir en el empleo público. Primeros pasos: revisa la comunicación, reúne contratos y facturas y detalla la naturaleza de la actividad. Un abogado especializado analizará si la actividad está prohibida o es compatible, solicitará aclaraciones a la administración y presentará alegaciones o recursos en su caso para defender tu situación. Aquí podrás localizar abogados especializados que verifiquen la normativa aplicable a tu caso concreto.
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