Gestión irregular de residuos de construcción y demolición: sanción

¿Tienes razón?

Tres elementos clave determinan si la sanción es procedente. Primero, la identificación del sujeto responsable: el generador (quien produce los residuos), el transportista y el gestor final. En obra, la responsabilidad puede distribuirse entre el propietario, el promotor y el contratista según quién controlaba el manejo de residuos. Segundo, la existencia de instrumentos de trazabilidad: remitos de traslado, constancias de entrega en predios habilitados, certificados de tratamiento o disposición final, y la habilitación del gestor. Tercero, el tipo de residuo: los residuos de construcción y demolición (RCD) pueden contener inertes o fracciones peligrosas; la presencia de fracciones no autorizadas (materiales contaminados) agrava la sanción.

Si podés acreditar que contrataste un gestor habilitado y que entregaste los materiales con remitos y boletas, sos más fuerte. Si no tenés papeles o si el vertido fue informal en un predio no habilitado, la sanción tendrá un fundamento técnico-administrativo. No confundas una falta formal (falta de remito) con un daño ambiental: muchas sanciones por RCD son por incumplimientos administrativos que se corrigen con regularización documental o con un plan de remediación.

Cómo se soluciona

1) Reuní y organizá la documentación: contrato de obra, facturas, remitos de traslado, comprobantes de recepción por parte del gestor, fotografías del manejo de residuos en la obra y las habilitaciones del gestor. Exportá chats y correos que prueben instrucciones y seguimientos.

2) Solicitá al organismo la copia del acta de infracción y del informe técnico. Leé detenidamente qué hechos imputan para encuadrar la defensa: si es solo una falta documental o hay constatación de vertido irregular.

3) Presentá una respuesta administrativa con pruebas: si existe remito o contrato, anexalo y explicá la cadena de custodia. Si no tenés, presentá un plan de acción que muestre cómo vas a corregirlo: contratación de gestor habilitado, recuperación del área, disposición final, y medidas preventivas.

4) Negociá la regularización: muchas jurisdicciones permiten planes de adecuación y reducciones por pago voluntario. Presentar pruebas de corrección y un programa de manejo puede mitigar la sanción.

5) Si la autoridad mantiene la multa y la considerás injusta, evaluá impugnarla en la vía administrativa y, si corresponde, iniciar una acción contencioso-administrativa. En la vía judicial, necesitarás ordenar peritajes técnicos que acrediten la inexistencia de daño o la correcta gestión.

6) En caso de daño probado, cumplí las órdenes de remediación y documentá cada paso: fotos del trabajo, facturas y certificados de disposición final.

Qué hacés solo: juntar lo que tenés y presentar la prueba en el expediente. Cuándo buscar abogado: si la multa es elevada, si te ordenan remediación costosa, si hay clausura o si la autoridad inició procedimiento penal.

Qué puede pasar

1) Archivo o regularización: si acreditás la correcta gestión o corregís las faltas, el expediente puede cerrarse con medidas de cumplimiento y, en muchos casos, con una sanción económica moderada si hubo omisión documental.

2) Acuerdo o conciliación: podés negociar un plan de remediación y pago que incluya plazos y controles; eso evita litigios largos y puede resultar menos gravoso que una sanción firme.

3) Sanción firme y ejecución: si la autoridad impone una multa y no la pagás o no cumplís la remediación, puede ejecutarla y, en casos graves, iniciarse un juicio civil o penal. Si perdés, podés afrontar costos y la obligación de reparar. La posibilidad de cobrar una eventual condena contra un gestor insolvente es limitada: por eso conviene asegurar la solvencia o garantías de quienes contratás.

Y si ganás, ¿cobrás? Ganar la impugnación administrativa normalmente significa anulación o reducción de la sanción; no implica un cobro por el hecho en sí, salvo que tu reclamo sea contra un tercero por daños y perjuicios y exista patrimonio ejecutable.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar ni guardar remitos y boletas de entrega en predios habilitados.
• No chequear la habilitación del gestor antes de contratar: muchos contratistas subcontratan a vertederos no habilitados.
• Limpiar o tapar el sitio del posible vertido sin documentarlo: remover pruebas puede interpretarse como intento de ocultación.
• No responder la notificación administrativa en forma ordenada: dejar pasar oportunidades de ofrecer prueba o plan de remediación empeora la posición.