Vendieron o donaron barato para evadir impuestos y ahora hay juicios

¿Tienes razón?

Hay cuatro cosas que determinan si la operación te complica o te deja tranquilo. Primero: la naturaleza del acto (donación o venta). Una venta por un precio simbólico puede ocultar una donación sujeta a reglas distintas. Segundo: la documentación. Si el precio está escrito en escritura pública y acompañan informes de valuación o tasación, tu posición es más sólida. Tercero: el destino de los pagos y la conducta tributaria previa: si el transferente intentó reducir la base imponible ante AFIP, eso pesa en contra. Cuarto: terceros perjudicados. Un acreedor o heredero puede impugnar la maniobra si demuestra que la operación perjudicó su derecho.

Si el juzgado o la autoridad fiscal cuestiona el negocio, no es sólo un problema fiscal: puede abrir un reclamo civil por simulación o por incumplimiento de obligaciones frente a acreedores y herederos. La clave práctica es distinguir si la operación fue una donación encubierta o una venta con precio real inferior. En muchos casos, la autoridad fiscal no precisa probar dolo extremo: basta con evidencia que demuestre que el precio declarado no se correspondía con el valor del bien o que existió intención de disminuir la carga fiscal.

Cómo se soluciona

1) Reuní la prueba documental que tengas: escritura pública de transferencia, contratos privados, recibos, constancias de pago, extractos bancarios, tasaciones, declaraciones juradas de impuesto a los bienes personales, documentación catastral o de dominio, comprobantes de gastos y mejoras del bien. Exportá las conversaciones o mensajes que expliquen el negocio; si hay correos o WhatsApp que digan "te dejo a precio" o "es una donación disfrazada", esos mensajes valen.

2) Hacé un inventario de quién intervino: si actuó un escribano, si hubo tasador, si un contador asesoró la operación. Conseguí el legajo del escribano o del profesional que instrumentó la transferencia: sus actuaciones suelen aclarar la intención y la diligencia.

3) Presentá una respuesta administrativo-tributaria si te llegó una intimación de AFIP. En materia fiscal conviene presentar la prueba administrativa y pedir la reconsideración antes de litigar. Si no sabés cómo contestar, pedí asesoramiento contable y luego legal.

4) Si hay una demanda civil o una acción de acreedores, prepará la defensa material: pericias de valuación y prueba de que el precio correspondía al valor de mercado o que la operación obedecía a una razón legítima (por ejemplo, trato familiar, asistencia por necesidades económicas, reparto entre sucesores). Si la actuación fue dolosa, la solución puede pasar por negociar una regularización con pago de impuestos y multas.

5) Si la autoridad fiscal propone como consecuencia la recategorización de la operación (por ejemplo, considerar donación una venta), calculá el impacto económico con tu contador: impuestos adeudados, multas e intereses, y el riesgo de sanciones penales si existiera indicio de evasión. En esos escenarios conviene analizar alternativas como acuerdos administrativos o planteos judiciales según cada situación.

6) Qué podés hacer sin abogado y qué requiere profesional: podés juntar papeles, pedir constancias bancarias y sacar copias de la escritura. Pero una respuesta técnica a AFIP o una demanda civil donde te imputan simulación o fraude merece intervención profesional: un abogado y contador trabajan juntos para diseñar la estrategia y negociar.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un ajuste administrativo o acuerdo fiscal. Muchas veces la AFIP busca regularizar la situación recaudando impuestos, multas e intereses; si se prueba falta de dolo y la documentación acompaña, es posible cerrar la controversia con una regularización.

2) Acuerdo entre particulares o mediación. Si hay herederos o acreedores que reclaman, puede pactarse una compensación o ajuste entre las partes. Un acuerdo puede implicar pagar una suma inferior a la que pediría un fallo largo; aceptar un monto puede ser conveniente si la otra parte está dispuesta a negociar.

3) Juicio civil o penal. Si la autoridad fiscal o un tercero considera que hubo maniobra defraudatoria, puede iniciarse un proceso judicial o penal. En un juicio civil podrías ser condenado a restituir el daño patrimonial causado a terceros o a pagar diferencias tributarias. En el penal, sólo se recurre a esa vía cuando existen indicios de delito fiscal y se reúnen pruebas suficientes. Y si perdés en lo civil, la ejecución depende de la situación patrimonial del deudor; una sentencia no garantiza el cobro inmediato.

Y si ganás, ¿cobrás? Una sentencia favorable puede ordenar pagos, pero cobrar depende del patrimonio del condenado. Si el deudor es insolvente, la sentencia puede quedar en un papel hasta que se detecten bienes embargables.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o alterar mensajes que expliquen la operación. Destruir pruebas o cambiarlas genera sospechas y puede volverse en contra.
• No conservar comprobantes de pago y extratos bancarios. Sin esos papeles es muy difícil demostrar el circuito del dinero.
• Firmar documentos admitiendo que "era por ayuda" sin asesoramiento; esas frases suelen servir a la contraparte.
• Ignorar una intimación de AFIP o no responder por escrito: la falta de contestación suele empeorar la posición.
• Actuar separadamente del contador: la defensa fiscal exige coordinación entre abogado y contador para ser creíble.