Cálculo de pensión de alimentos en separación de bienes

¿Tienes razón?

Tres cuestiones principales determinan si y cuánto corresponde pagar cuando existe separación de bienes. Primero, la renta y los ingresos efectivos del obligado: no es suficiente un título o titularidad, lo que cuenta es cuánto ingresa realmente cada mes. Segundo, la existencia y el monto de bienes que permitan generar ingresos o se puedan usar para garantizar la pensión. Tercero, las necesidades del beneficiario, que deben ser proporcionales a su edad, situación sanitaria y educación.

La separación de bienes hace más visible la independencia patrimonial: los bienes propios de cada uno no se mezclan, pero eso no exime de alimentar. Si el progenitor tiene bienes a su nombre pero los administra como un patrimonio productivo, el juez los tendrá en cuenta para fijar una cuota proporcional. En cambio, si la separación es real y la persona no tiene ingresos ni bienes disponibles, eso reduce la capacidad contributiva y, por ende, el monto posible.

Cómo se soluciona

Uno. Reuní documentación patrimonial y de ingresos. Para el obligado: recibos de sueldo, certificaciones de monotributo, extractos bancarios, contratos de alquiler, documentación de sociedades o participaciones y comprobantes de bienes (automotores, inmuebles) a su nombre. Para el beneficiario: comprobantes de gastos en educación, salud y vivienda.

Dos. Ordená los gastos y calculá la necesidad real del alimentario. Separá lo básico de lo extraordinario: matrícula, cuotas, medicamentos, terapias, transporte. Presentá esos rubros con sus comprobantes.

Tres. Hacé la intimación por carta documento o telegrama con la propuesta de cobertura y la oferta de documentar gastos compartidos. La intimación sirve para dejar constancia y a veces facilita la negociación.

Cuatro. Si no hay acuerdo, solicitá la intervención judicial. En la demanda se pedirá la prueba patrimonial del obligado. El juez evaluará proporcionalidad entre necesidad y capacidad y podrá ordenar medidas precautorias o cautelares si considera que hay riesgo de dilapidación del patrimonio.

Cinco. Si la parte sostiene que vive de un patrimonio sin ingresos, el juzgado puede ordenar pericias contables o medidas para valorar la real disponibilidad de recursos. Allí la prueba documental y la asistencia profesional son clave.

Qué puede pasar

Primero, arreglo directo: muchas veces la presentación ordenada de pruebas y una propuesta razonable conduce a un acuerdo. Un convenio homologado resulta ejecutivo y evita litigio largo.

Segundo, conciliación judicial: en audiencias de mediación se negocia un monto que refleje la proporcionalidad. Conviene comparar la oferta con lo que costaría litigar y la probabilidad de ejecución efectiva.

Tercero, juicio y sentencia: si se llega a sentencia, el juez fijará la pensión con base en la capacidad de pago acreditada. Si la persona dispone de bienes pero no demuestra ingresos, el juez puede tomar medidas para garantizar cumplimiento. Si perdés en juicio, podés quedar con el reclamo insatisfecho y con costas asignadas; si ganás, la sentencia obliga pero su cumplimiento depende del patrimonio real del obligado.

Y si ganás, ¿cobrás? El título judicial mejora la posibilidad de cobro, pero si quien debe pagar no tiene bienes líquidos o ingresos sujetos a embargo, ejecutar puede ser complejo. Por eso es importante que la petición incluya medidas cautelares cuando haya riesgo de que el patrimonio quede fuera del alcance.

Errores que arruinan el caso

• No aportar prueba fehaciente de los ingresos y bienes del obligado; muchas afirmaciones se deben demostrar.
• Confundir titularidad con disponibilidad: tener un inmueble a nombre no significa que genere renta líquida.
• Firmar convenios sin clausulas de actualización o garantía cuando hay separación de bienes y riesgo de dilapidación.
• No pedir pericia contable si la declaración patrimonial es inconsistente.
• Subestimar los gastos reales del alimentario; presentar estimaciones vagas debilita la reclamación.